NOTA DE PRENSA:

OBSERVACIONES AL INFORME DEL ESTADO DE NICARAGUA EN EL CASO AMALIA Y RESPALDO AL PROYECTO DE LEY QUE PROMUEVE EXCEPCIONES A LA NORMA GENERAL DE ABORTO

El Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico, presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una serie de observaciones ante el Informe emitido por el Estado de Nicaragua sobre el caso de Amalia, destacando los siguientes aspectos:

1. Amalia en efecto está recibiendo atención prenatal y tratamiento médico (quimioterapia), a raíz del otorgamiento de las Medidas Cautelares por la CIDH; sin embargo resaltamos que el informe del Estado demuestra que hubo retardación en la realización de estudios necesarios para determinar el tratamiento y en la decisión de aplicar el mismo, por su condición de embarazo; dejando a Amalia hasta 36 días dentro del sistema de salud pública, sin recibir ningún tipo de tratamiento y con un diagnóstico de cáncer metastático.

2. Observamos que el Estado aplicó la quimioterapia sin presentarle a la paciente dentro del consentimiento informado la opción de aborto terapéutico y sin explicarle las posibles repercusiones que puede tener el tratamiento que ella está recibiendo sobre su embarazo; pese a que dos de estos medicamentos -carboplatino y paclitaxel- según la Food and Drugs Administration (FDA) son de categoría “D” y por lo tanto su aplicación conlleva riesgos fetales; por lo tanto es un riesgo que solo correspondería decidir a la mujer.

3. Considerando que el estado de salud de Amalia y el desarrollo de su embarazo siguen en situación de riesgo, hemos solicitado a la CIDH se mantengan las Medidas Cautelares a favor de Amalia y en tal sentido se respete su vida, salud e integridad personal.

Finalmente reiteramos que el caso de Amalia evidenció las consecuencias negativas de la ausencia de la figura del aborto terapéutico, como excepción a la prohibición general del aborto en la legislación penal. Asimismo quedó demostrado que no existen protocolos de atención que orienten al personal de salud como deben proceder ante los casos de pacientes que presentan enfermedades graves y embarazo.

El Estado estará en deuda con la salud y la vida de las mujeres mientras no restituya el aborto terapéutico.

Managua, 08 de abril de 2010.

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Comisión Interamericana de Derechos Humanos

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ESCRIBAN CARTAS EN SOLIDARIDAD CON "AMALIA"

Amigas y amigos…

Recientemente, hace una semana, hemos sido testigos de la situación grave de una joven nicaragüense hospitalizada en un hospital departamental con cáncer y un embarazo de l0 semanas, hemos solicitado a la CIDH medidas cautelares para que el Estado de Nicaragua proteja la vida de esta ciudadana nicaragüense, para proteger su identidad le hemos llamado AMALIA , ella tiene un diagnostico de cáncer en varias partes de su cuerpo. El Hospital de la ciudad de León, tiene 18 días de tenerla internada sin haber iniciado NINGUAN TIPO DE TRATAMIENTO, aduciendo que cualquier tratamiento puede perjudicar el embarazo.

Nosotras ya lo hemos denunciado públicamente y enviado solicitud de medidas cautelares ante la CIDH , el día 18 de febrero, estamos tratando y luchando porque le hagan la interrupción y le apliquen el tratamiento que le permita alargar un poco su vida.

LES ESCRIBIMOS SOLICITANDO QUE MUESTREN SU APOYO PARA SALVAR LA VIDA DE AMALIA, ENVIANDOLES CARTAS A LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS PIDIENDO LA INMEDIATA INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO PARA PODER CONTINUAR EL TRATAMIENTO DE AMALIA. En las manos de la Corte Suprema de Justicia está la vida de muchas Amalias.

¡Exigimos la Despenalización del Aborto Terapéutico YA!

Daniel Ortega Saavedra Rosario Murillo
Presidente de la republica Coordinadora del Gabinete social de la presidencia
rmurillo@ibw.com.ni

José Pallais
presidente comisión justicia de Asamblea Nacional
(505)2311-6082 O.(505)2311-0054 AS(505)2276-8460 ext108 505)8850-1468
pallaish@ibw.com.ni

Edwin Castro
Jefe bancada FSLN .Asamblea Nacional
(505)883-5046
salud@correo.asamblea.gob.ni

Maximino Rodriguez
Jefe bancada PLC y presidente de la comisión de derechos Humanos
(505)8853-6191

Ing. Ana Julia Balladares
Presidenta Comisión de la mujer
2282112/2224217/ 8870200
anajulia10@hotmail.com

Jamileth Bonilla
Diputada
22768433/ 8820942
jbonilla@cablenet.com.ni

Monica Baltodano
Diputada independiente
22768460 ext 231/ 8845394
balto@cablenet.com.ni

Dr. Ruben Montenegro
Secretario general CSJ
22332128

Dra. Alba Luz Ramos
Magistrada
22331069
aramos@csj.gob.ni

Dr. Francisco Rosales
Presidente sala constitucional CSJ
22331069
frosales@csj.gob.ni

Dr. Manuel Martinez
Presidente de la Corte Suprema de Justicia CSJ
22331069
mmartinez@csj.gob.ni

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Por la vida de Amalia‏

Managua 23 de Febrero del 2010

Sr. Daniel Ortega Saavedra

Presidente de la República

Señor Presidente:

En nuestro carácter de Representante ante la Asamblea Nacional hemos recibido información sobre el caso de una joven paciente del Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales, Arguello (HEODRA) ubicado en la ciudad de León. Se le ha llamado “Amalia” (nombre con el que se protege la identidad).

A Amalia, como es de conocimiento público, le fue confirmado estado de embarazo en pruebas practicadas el 7 de Enero de este año, y desde el 15 de Febrero, estando hospitalizada en el Centro antes mencionado se le diagnosticó cáncer en los pulmones, cerebro y senos, siendo urgente la aplicación de la quimioterapia o radioterapia para que pueda tener alguna esperanza de vida.

Tenemos toda la documentación que demuestra que los médicos no le aplican el tratamiento indicado porque consideran que este afectaría el embarazo, los que constituiría un aborto terapéutico y en Nicaragua la interrupción del embarazo por razones terapéuticas quedo criminalizado desde la aprobación de la Ley 603 aprobado por la Asamblea Nacional en Octubre del 2006.

Tenemos en nuestro poder todos los documentos que fueron presentados por distintas personalidades de organismos de derechos Humanos de Nicaragua ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitando Medidas Cautelares para que se requiera al Estado de Nicaragua la adopción de medidas urgentes para proteger de manera inmediata la vida e integridad física de la joven “”Amalia”, pero pensamos Sr. Presidente que usted puede tomar las medidas necesarias ordenándole a su Ministro de Salud a que cumpla el precepto constitucional que establece como unos de los derechos fundamentales individuales de las personas el derecho a la vida, el cual es inviolable e inherente a la persona humana.

Amalia tiene una hija de 10 años a la que quiere cuidar y atender, y no lo podrá hacer si muere debido a la falta de atención médica. Ella ya ha manifestado su deseo de que se le apliquen los tratamientos aunque esto signifique el aborto terapéutico porque quiere vivir. Eso debería ser suficiente para que se le aplique la quimioterapia de inmediato.

Nicaragua es suscriptora de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; De la Declaración Americana de Derechos del Hombre, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas y de la Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. Estos instrumentos obligan al Estado Nicaragüense y en todos ellos está considerada como un asunto primordial la defensa del derecho a la vida de sus conciudadanos.

Ud. como Presidente de la República y Responsable del Poder Ejecutivo debe ser el primero en cumplir con la obligación del Estado de salvaguardar el primer bien jurídicamente protegido en nuestra Constitución que es la vida, y en este caso concreto está totalmente en sus manos.

Como usted sabe hemos lamentado una y otra vez que el Partido Frente Sandinista que usted dirige haya promovido la aprobación de la Ley 603 y posteriormente la criminalización del Aborto Terapéutico en el Código Penal de Nicaragua. Denunciamos entonces que esta medida no se correspondía con los preceptos y valores que cobijaron siempre al sandinismo verdadero, el de Carlos Fonseca. Creemos urgente que se despenalice el aborto terapéutico, como un derecho fundamental para las mujeres nicaragüenses, pero en este momento ante todo, queremos salvar la vida de “Amalia”.

Esperando su atención le saluda

Mónica Baltodano
Diputada

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Carta de José Pallais

23 de febrero del año 2010

Doctor

GUILLERMO GONZÁLEZ

Ministro

MINISTERIO DE SALUD

Su despacho

Estimado Doctor González:

Sirva la presente en primer lugar para saludarle muy cordialmente y exteriorízale las muestras de consideración y estima.

La Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional ha recibido el caso de una paciente que para proteger su identidad la llamare AMALIA, paciente del HOSPITAL ESCUELA OSCAR DANILO ROSALES ARGÜELLO (HEODRA) de la ciudad de León.

La paciente desde el mes de diciembre del año 2009, fue atendida en el Centro de Salud de Poneloya por presentar problemas respiratorios, que los médicos sospechaban que fuera tuberculosis. Pero resulta que en los exámenes que le practicaron resulto con 7 semanas de embarazo y en las placas de pulmón se reflejo unas manchas.

A partir de ahí, se le diagnostico que tenía cáncer en los pulmones, cerebro y senos, el cual había hecho metástasis, siendo el tratamiento a aplicar la quimioterapia o radioterapia. Pero le expresaron los médicos que la aplicación de dicho tratamiento afectaría el embarazo, los que constituiría un aborto terapéutico. Por ello le han expresado a la paciente que no podrán aplicar el tratamiento y que no pueden hacer nada.

Es importante ponerle en conocimiento que AMALIA tiene una hija de 10 años de edad, la que tiene bajo su cuido y crianza.

Ministro de Salud, considero oportuno hacer las siguientes reflexiones jurídicas y humanas que viene al caso:

• La Constitución Política de la República de Nicaragua establece como unos de los derechos fundamentales individuales de las personas el derecho a la vida, el cual es inviolable e inherente a la persona humana. Esto con la lógica de que el primer bien jurídicamente protegido es la vida y le corresponde al Estado salvaguardad este derecho humano y fundamental.

• Es importante valorar que con la posición de los galenos y la enfermedad grave que padece AMALIA se llegará a un desenlace fatal e irreparable, teniendo en cuenta que de por medio hay una hija de 10 años que quedaría en la orfandad. Por lo tanto que se lograría, nada, en cambio se perdería una vida y se privaría a una inocente niña del afecto, cuido, crianza, educación entre otras muchísimas cosas que le podría haber dado su madre.

• Nicaragua es suscriptora de una sinnúmero de convenios internacionales tales como: La Declaración Universal de los Derechos Humanos; en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas y en la Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, del cual el Estado es garante de su cumplimiento.

Concurro ante Usted a solicitarle muy respetuosamente que antes de cerrarle todos los espacios clínicos y de aspiraciones a seguir viviendo a AMALIA, se valore la última posibilidad de aplicar el precepto constitucional del Derecho a la Vida, observando para tal efecto los Protocolos del Ministerio del Salud (MINSA) y los Protocolos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de cara a no afectar dos vidas, la de AMALIA y de su menor hija.

Sin más a que hacer referencia, a la espera de su atención que le brinde a la presente, me suscribo de Usted. Le adjunto documentos del caso el que consta de 22 folios útiles para que soporten la presente.

Atentamente,

José Bernard Pallais Arana
Presidente

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AMNISTÍA INTERNACIONAL (Comunicado de Prensa)

23 de febrero de 2010
La ley del aborto nicaragüense pone en peligro a una mujer con cáncer embarazad.

Amnistía Internacional ha pedido hoy a las autoridades nicaragüenses que proporcionen tratamiento contra el cáncer a una mujer a la que actualmente se le está negando a causa de una ley que prohíbe el aborto en todas las circunstancias.

Amalia (no es su nombre real), de 27 años, está embarazada de 10 semanas, y el 2 de febrero se le diagnosticó un cáncer que puede haberse extendido ya al cerebro, el corazón y los pechos.

Las autoridades nicaragüenses están impidiendo que los médicos le pongan tratamiento para el cáncer mientras esté embarazada, ya que el personal médico podría ser procesado si causa daño al feto durante el tratamiento, aunque ese daño no sea intencionado.

“Causa conmoción ver que Nicaragua puede negar a una paciente de cáncer un tratamiento que podría salvarle la vida, porque está embarazada” ha manifestado Esther Major, investigadora de Amnistía Internacional sobre América Central.

“La situación de Amalia revela el impacto de esta ley y demuestra la urgente necesidad de derogar esta prohibición draconiana que impide prestar atención oportuna y obstaculiza la labor médica”, ha manifestado Esther Major. “Cada día que pasa es crítico para las posibilidades de supervivencia de Amalia, y las autoridades nicaragüenses deben tomar medidas inmediatas para proporcionarle toda la atención médica que necesita para su enfermedad.”

Los médicos que tratan a Amalia se han negado a utilizar radioterapia y quimioterapia, pues temen ser procesados.

Amalia tiene una hija de 10 años, que únicamente cuenta con su madre. En diciembre de 2009, acudió a una clínica local por problemas respiratorios, fiebre, náuseas y mareos. La remitieron a un hospital para hacerle pruebas, y permanece allí hospitalizada desde el 2 de febrero. Sus médicos dijeron que necesitaba tratamiento urgente con quimioterapia y radioterapia, pero no lo han iniciado porque temen causar daño no intencionado al feto.

“La prohibición que Nicaragua hace del aborto terapéutico es una vergüenza de derechos humanos que ridiculiza la ciencia médica y convierte la ley en un arma contra la prestación de asistencia médica esencial a mujeres y niñas embarazadas”, ha declarado Esther Major.

En 2006, antes de que se introdujera la prohibición del aborto, 21 asociaciones médicas nicaragüenses pertenecientes a todo el espectro de las disciplinas médicas emitieron una declaración pública conjunta contra la propuesta de prohibición total del aborto, e incluyeron en ella la advertencia explícita de que, si se aprobaba esa prohibición, se limitaría la capacidad de los profesionales de la medicina de prestar asistencia médica y ejercer su profesión.

El 18 de febrero, varias ONG nicaragüenses y la asociación profesional ginecológica más grande de Nicaragua pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ordenara “medidas especiales”, lo que obligaría al gobierno a cumplir con su obligación jurídica de proteger el derecho de Amalia a la vida y la salud y garantizar que recibe de inmediato tratamiento que podría salvar, o al menos prolongar, su vida.

“La prohibición total del aborto dictada en Nicaragua es ilegal, y el gobierno nicaragüense ha ignorado además los llamamientos realizados por cuatro órganos expertos de las Naciones Unidas, entre ellos el Comité contra la Tortura, para que se derogue la ley que criminaliza el aborto”, ha manifestado Esther Major.

Hace dos semanas, 11 Estados miembros de la ONU pidieron a Nicaragua que reforme su ley sobre el aborto, dado el aumento de las muertes maternas y de las víctimas de violación que se ven obligadas a llevar a término su embarazo desde que se introdujo la ley.

“Asimismo, desde hace más de un año está pendiente ante la sección constitucional de la Corte Suprema un recurso de constitucionalidad contra esta ley”, ha declarado Esther Major.

“Amnistía Internacional contempla con consternación la negativa del gobierno nicaragüense a responder a las peticiones de que se modifique esta cruel ley.”

Si desean una copia del informe de Amnistía Internacional sobre las consecuencias de la prohibición total del aborto en Nicaragua, véase: http://www.amnesty.org/library/info/AMR43/001/2009/es

Si desean más información o concertar una entrevista, pónganse en contacto con: Josefina Salomon, móvil: +44 7778 472 116, jsalomon@amnesty.org

La campaña “Exige Dignidad” de Amnistía Internacional tiene como finalidad poner fin a las violaciones de derechos humanos que provocan e intensifican la pobreza mundial. La campaña movilizará a personas de todo el mundo para pedir que gobiernos, empresas y otros elementos con poder escuchen la voz de quienes viven en la pobreza y reconozcan y protejan sus derechos. Para más información, visiten: http://demanddignity.amnesty.org

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El Estado de Nicaragua tiene que salvar la vida de Amalia

El Aborto Terapéutico es necesario

El aborto terapéutico no es un capricho, es un procedimiento médico para salvar la vida y la salud de las mujeres que presentan complicaciones en el embarazo.

Ante ustedes denunciamos el caso de una mujer, a quien llamaremos Amalia, para proteger la confidencialidad que su situación requiere. Ella es una de las mujeres que el día de hoy está sufriendo las consecuencias de una Ley , que además de injusta es inhumana.

Amalia es una mujer nicaragüense, tiene 27 años, es madre de una niña de 10 años de edad, tiene cáncer y está embarazada.

Amalia fue diagnosticada con cáncer, a la edad de 7 años, el que fue tratado en esa oportunidad como hongo y es hasta los l9 años que se le practica biopsia y se diagnostica como cáncer, mismo que vuelve a diagnosticarse el 15 Enero del presente año, confirmándose un cáncer invasor metastasico, por medio de ultrasonido y biopsia de axila. Agravado por un embarazo diagnosticado desde el 7 de Enero del 2010 . Sin embargo, en el Hospital en el cual está internada desde el día 2 de Febrero del 2010, no le han aplicado ningún tratamiento, argumentado que los únicos tratamientos posibles, como la quimioterapia o radioterapia, tendrían consecuencias directas sobre el embarazo.

Cada día el cáncer avanza, pero los médicos no han actuado. La vida y salud de Amalia están en riesgo. Su única posibilidad es que le realice una interrupción del embarazo, es decir un aborto terapéutico, para poder iniciar el tratamiento adecuado para detener el cáncer. Los médicos se niegan a realizar el procedimiento aduciendo que esta ley les impide aplicar el tratamiento necesario para salvar la vida de sus pacientes.

El Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico ha tomado medidas de emergencia para acompañar a Amalia y a su familia en su lucha por preservar su vida y su salud. El día 12 de febrero del 2010 Amalia y su familia enviaron una carta al Director del Hospital de León, en el cual está internada, solicitando la interrupción del embarazo y la aplicación del tratamiento necesario de forma inmediata. Sin embargo todavía no han tenido respuesta.

Hoy, 18 de febrero del 2010, el Grupo Estratégico por la despenalización del aborto terapéutico y otras organizaciones internacionales, enviamos solicitud de Medidas Cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que esta instancia internacional, requiera al Estado de Nicaragua la adopción de medidas urgentes para proteger de manera inmediata la vida e integridad física de Amalia.

Esperamos que el Estado de Nicaragua tome las medidas necesarias para preservar la salud de Amalia y que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie a favor de la vida de las mujeres despenalizando el aborto terapéutico.

GRUPO ESTRATEGICO POR LA DESPENALIZACION DEL ABORTO TERAPEUTICO

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Encadenadas en la CSJ - 28 de Septiembre

Hoy, 28 de septiembre día por la Despenalización del Aborto en América Latina, atamos nuestros cuerpos con cadenas, simplemente para que las puedan ver.

Es necesario que la clase política, la jerarquía religiosa y la población en general vea las cadenas que desde hace tres años impusieron sobre nuestros cuerpos y nuestras mentes al penalizar el aborto terapéutico. Estas cadenas que hoy se pueden ver las sentimos a diario.

Las cadenas que hoy nos atan son las mismas cadenas que cierran las puertas de los hospitales y los centros de salud, son las mismas cadenas que no dejan actuar a doctores y doctoras ante una emergencia obstétrica, son las mismas cadenas que invaden los cuerpos de las mujeres de culpa y de miedo durante el embarazo, son las mismas cadenas que obligan a las mujeres pobres a practicarse abortos en condiciones insalubres, son las mismas cadenas que han matado mujeres y que re victimizan a las niñas embarazadas como producto de una violación. Son las mismas cadenas que niegan el derecho a la vida y a la equidad entre hombres y mujeres.

Hoy ven nuestros cuerpos encadenados en el portón de la indiferencia. El portón de la Corte Suprema de Justicia, que sigue sin responder a nuestras demandas por la restitución del aborto terapéutico. Las mujeres y hombres aquí presentes estamos indignadas e indignados ante la irresponsabilidad de la clase política que sigue obviando un problema del que están conscientes; y les recordamos, hoy, que desde hace tres años ha habido mujeres que sufren y mueren a causa de su ley injusta.

Nos encadenamos hoy para visibilizar la violencia contra las mujeres que institucionalizó el Estado nicaragüense, pero también porque nos sentimos impotentes. Impotentes como médicos o médicas cuando no podemos actuar en pro de la vida de las mujeres, impotentes como feministas porque rechazamos la maternidad como una imposición y porque nos duele cada mujer muerta, cada mujer cuya vida está en riesgo por no acceder a un aborto seguro.

Exigimos y seguiremos exigiéndoles a los magistrados y las magistradas una sentencia favorable para liberarnos de una vez por todas de las cadenas que injustamente oprimen a las mujeres nicaragüenses.

Exigimos la DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO TERAPEUTICO ¡YA!

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Nicaragua: La prohibición total del Aborto viola la Convención sobre la Tortura

El Comité de la ONU contra la Tortura expresa su profunda preocupación por la prohibición total del aborto en Nicaragua

Amnistía Internacional ha instado hoy, 15 de mayo del 2009, a las autoridades nicaragüenses a actuar sobre la petición del Comité de la ONU contra la Tortura respecto a que Nicaragua revise su prohibición total del aborto con vistas a incluir excepciones.

Tras examinar la situación en Nicaragua frente a las obligaciones contraídas por el Estado en virtud de la Convención contra la Tortura, el Comité ha concluido que el Estado Parte debe revisar su marco jurídico respecto al aborto. El Comité experto ha señalado que la prohibición total es causa de profunda preocupación, ya que expone a mujeres y niñas a una amenaza constante de violaciones graves de sus derechos, especialmente cuando la continuación del embarazo supone una amenaza para su vida, o cuando el embarazo es consecuencia de una violación.

“El Comité ha enviado un mensaje claro al Estado nicaragüense: mientras esté en vigor la prohibición total, sin excepciones, estarán incumpliendo su obligación legal internacional de proteger los derechos humanos”, ha manifestado Widney Brown, directora general de Derecho Internacional y Política de Amnistía Internacional. “Si se mantiene esta prohibición total, las mujeres y las niñas seguirán corriendo peligro de tortura y trato cruel, inhumano o degradante. Una inacción semejante sería muestra de una cruel indiferencia hacia el dolor físico, la angustia psicológica y la ausencia de dignidad humana que esta ley condena a sufrir a mujeres y niñas nicaragüenses al negarles y frustrar su acceso a tratamiento médico esencial durante el embarazo.”
El derecho penal establece penas de prisión para los médicos que practiquen un aborto y las mujeres o niñas que se sometan a él, independientemente de las circunstancias, como por ejemplo si la vida o la salud de la mujer embarazada corre peligro en caso de seguir adelante el embarazo.

“Tal como ha señalado el Comité, los médicos, en un momento en el que tienen que tomar decisiones vitales, se ven obligados a violar su ética profesional, hacer caso omiso de las buenas prácticas y los protocolos, y poner en peligro la vida y la salud de su paciente”, ha declarado Widney Brown. “Además, las víctimas de violación que quedan embarazadas a consecuencia de ese delito se enfrentan en Nicaragua a una elección desmesurada: continuar con el embarazo hasta el final, independientemente del peligro que suponga para su vida, su salud o su bienestar, o buscar un aborto clandestino poco seguro que pone en peligro su vida y su salud y las puede enviar a la cárcel. En un país en el que los índices de abuso sexual son elevados, y en el que al menos el 50 por ciento de las víctimas de violación son niñas de hasta 18 años, esta situación resulta especialmente atroz.”

La prohibición total afecta gravemente a la capacidad de los médicos de responder de forma rápida y decidida a las complicaciones que sufren mujeres y niñas durante el embarazo. La ley niega a las mujeres embarazadas la atención médica que necesitan y que, en algunos casos, salvaría su vida.

El Comité de la ONU contra la Tortura es el cuarto órgano de vigilancia de los tratados de la ONU que pide al gobierno de Nicaragua que derogue la prohibición total del aborto en todas las circunstancias porque esa prohibición viola los derechos de mujeres y niñas. El Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ya han subrayado al gobierno nicaragüense que esta ley incumple las obligaciones legales internacionales contraídas por el Estado y pone en peligro la vida y la salud de mujeres y niñas.

Amnistía Internacional considera que la prohibición total del aborto en Nicaragua –incluso en casos en los que la continuación del embarazo supone una amenaza para la vida de la madre, o cuando el embarazo es consecuencia de una violación– constituye una violación de los derechos humanos de mujeres y niñas, incluido el derecho a no sufrir tortura o trato cruel, inhumano o degradante.

La organización pide a las autoridades nicaragüenses que deroguen la prohibición total del aborto y garanticen que no se prohíbe a los médicos proporcionar el tratamiento médicamente indicado a las mujeres y las niñas que lo necesitan.

Información complementaria

Cuando se restringe el acceso de las mujeres a la información y los servicios de un aborto legal y seguro, sus derechos humanos fundamentales pueden correr grave peligro. Por ello, Amnistía Internacional pide a los Estados que tomen las siguientes medidas para prevenir los abusos graves contra los derechos humanos de las mujeres y ponerles fin, de acuerdo con las obligaciones contraídas por el Estado en virtud de las normas internacionales de derechos humanos:

a) Derogar todas las leyes que permiten el encarcelamiento o la imposición de otras sanciones penales a mujeres por pedir un aborto o someterse a él, y todas las leyes que establecen el encarcelamiento u otras sanciones penales a quienes se limitan a proporcionar información sobre el aborto o a practicar abortos.

b) Proporcionar acceso a servicios médicos por las complicaciones derivadas del aborto a todas las mujeres que lo necesiten, en todas las circunstancias, independientemente de la situación legal del aborto.

c) Tomar todas las medidas necesarias para garantizar que se dispone de servicios de aborto legal y seguro accesibles, aceptables y de buena calidad para todas las mujeres que los necesiten en casos de embarazo no deseado a consecuencia de violación, agresión sexual o incesto y en todos los casos de embarazo que ponga en peligro la vida o en grave peligro la salud de la mujer. Amnistía Internacional no adopta postura alguna respecto a los demás aspectos del aborto.

El Comité de la ONU contra la Tortura es el órgano experto establecido por la Convención de la ONU contra la Tortura para vigilar el cumplimiento de este tratado por parte de los Estados. Se compone de 10 miembros independientes e imparciales elegidos por los Estados Partes en el tratado. Los gobiernos deben presentar informes periódicos al Comité, quien, a su vez, formula recomendaciones para mejorar el cumplimiento del tratado por parte del Estado en cuestión.

Amnistía Internacional presentó al Comité contra la Tortura un informe sobre la negación del acceso a servicios médicos esenciales por medio de una legislación que impone una prohibición absoluta a la prestación de servicios de aborto y que penaliza el aborto en Nicaragua. Además, la organización asistió a las vistas del Comité, celebradas en Ginebra el 31 de abril y el 1 de mayo. En esas sesiones, Amnistía Internacional también proporcionó al Comité información sobre la aplicación de la Convención contra la Tortura por parte de Israel.

Puede descargar el documento completo en PDF aqui Sigue leyendo

Pronunciamiento de la Internacional Socialista

Reunión del Consejo de la Internacional Socialista
Santo Domingo, República Dominicana, 23-24 de noviembre del 2009

 PROYECTO DE RESOLUCIÓNA SEGURANDO LA DEMOCRACIA Y REAFIRMANDO LOS DERECHOS DE LA GENTE

Sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres

Haciendo referencia a la carta ética de la Internacional Socialista, que nos llama a garantizar el respeto de los derechos humanos y a garantizar el cumplimiento de acuerdos internacionales, así como a la declaración del centenario de la ISM adoptada en Sttutgart en el año 2007, en donde se reconoce como reto el acceso a la asistencia sanitaria y al aborto seguro, vemos con extrañeza, que partidos progresistas de América Latina integrantes de la Internacional Socialista no se hayan comprometido con la firmeza requerida para frenar los cambios legislativos que atentan contra dichos derechos.

Saludamos la resolución de Emergencia de la Internacional Socialista de Mujeres que urge a todas las organizaciones progresistas del mundo a sumarse a la lucha contra prácticas que restringen los derechos de decisión de las mujeres:

• La Internacional Socialista reafirma su convicción en la defensa de los derechos humanos de las mujeres y hace un llamado a sus Partidos integrantes a comprometerse irrestrictamente con ellos, incluido el derecho a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas, así como a impulsar políticas que aseguran su libertad, su integridad, su salud y a todos los servicios de anticoncepción.

• La IS reprueba la creación o modificación de leyes que obliguen a las mujeres a continuar un embarazo producto de una violación o que pone en riesgo su vida y su salud. Así mismo repudia que mujeres pobres latinoamericanas estén hoy en la cárcel por interrumpir un embarazo no deseado y también rechaza enérgicamente la criminalización de mujeres por defender los derechos humanos de otras mujeres.

• La Internacional Socialista hace un llamamiento a quienes han participado de estas reformas contrarias a la justicia social a que modifiquen su postura y realicen los cambios que permitan cumplir con nuestros principios políticos y éticos.

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