24 feb 2010
ESCRIBAN CARTAS EN SOLIDARIDAD CON "AMALIA"
Amigas y amigos…
Recientemente, hace una semana, hemos sido testigos de la situación grave de una joven nicaragüense hospitalizada en un hospital departamental con cáncer y un embarazo de l0 semanas, hemos solicitado a la CIDH medidas cautelares para que el Estado de Nicaragua proteja la vida de esta ciudadana nicaragüense, para proteger su identidad le hemos llamado AMALIA , ella tiene un diagnostico de cáncer en varias partes de su cuerpo. El Hospital de la ciudad de León, tiene 18 días de tenerla internada sin haber iniciado NINGUAN TIPO DE TRATAMIENTO, aduciendo que cualquier tratamiento puede perjudicar el embarazo.
Nosotras ya lo hemos denunciado públicamente y enviado solicitud de medidas cautelares ante la CIDH , el día 18 de febrero, estamos tratando y luchando porque le hagan la interrupción y le apliquen el tratamiento que le permita alargar un poco su vida.
LES ESCRIBIMOS SOLICITANDO QUE MUESTREN SU APOYO PARA SALVAR LA VIDA DE AMALIA, ENVIANDOLES CARTAS A LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS PIDIENDO LA INMEDIATA INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO PARA PODER CONTINUAR EL TRATAMIENTO DE AMALIA. En las manos de la Corte Suprema de Justicia está la vida de muchas Amalias.
¡Exigimos la Despenalización del Aborto Terapéutico YA!
Daniel Ortega Saavedra Rosario Murillo
Presidente de la republica Coordinadora del Gabinete social de la presidencia
rmurillo@ibw.com.ni
José Pallais
presidente comisión justicia de Asamblea Nacional
(505)2311-6082 O.(505)2311-0054 AS(505)2276-8460 ext108 505)8850-1468
pallaish@ibw.com.ni
Edwin Castro
Jefe bancada FSLN .Asamblea Nacional
(505)883-5046
salud@correo.asamblea.gob.ni
Maximino Rodriguez
Jefe bancada PLC y presidente de la comisión de derechos Humanos
(505)8853-6191
Ing. Ana Julia Balladares
Presidenta Comisión de la mujer
2282112/2224217/ 8870200
anajulia10@hotmail.com
Jamileth Bonilla
Diputada
22768433/ 8820942
jbonilla@cablenet.com.ni
Monica Baltodano
Diputada independiente
22768460 ext 231/ 8845394
balto@cablenet.com.ni
Dr. Ruben Montenegro
Secretario general CSJ
22332128
Dra. Alba Luz Ramos
Magistrada
22331069
aramos@csj.gob.ni
Dr. Francisco Rosales
Presidente sala constitucional CSJ
22331069
frosales@csj.gob.ni
Dr. Manuel Martinez
Presidente de la Corte Suprema de Justicia CSJ
22331069
mmartinez@csj.gob.ni
Por la vida de Amalia
Managua 23 de Febrero del 2010
Sr. Daniel Ortega Saavedra
Presidente de la República
Señor Presidente:
En nuestro carácter de Representante ante la Asamblea Nacional hemos recibido información sobre el caso de una joven paciente del Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales, Arguello (HEODRA) ubicado en la ciudad de León. Se le ha llamado “Amalia” (nombre con el que se protege la identidad).
A Amalia, como es de conocimiento público, le fue confirmado estado de embarazo en pruebas practicadas el 7 de Enero de este año, y desde el 15 de Febrero, estando hospitalizada en el Centro antes mencionado se le diagnosticó cáncer en los pulmones, cerebro y senos, siendo urgente la aplicación de la quimioterapia o radioterapia para que pueda tener alguna esperanza de vida.
Tenemos toda la documentación que demuestra que los médicos no le aplican el tratamiento indicado porque consideran que este afectaría el embarazo, los que constituiría un aborto terapéutico y en Nicaragua la interrupción del embarazo por razones terapéuticas quedo criminalizado desde la aprobación de la Ley 603 aprobado por la Asamblea Nacional en Octubre del 2006.
Tenemos en nuestro poder todos los documentos que fueron presentados por distintas personalidades de organismos de derechos Humanos de Nicaragua ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitando Medidas Cautelares para que se requiera al Estado de Nicaragua la adopción de medidas urgentes para proteger de manera inmediata la vida e integridad física de la joven “”Amalia”, pero pensamos Sr. Presidente que usted puede tomar las medidas necesarias ordenándole a su Ministro de Salud a que cumpla el precepto constitucional que establece como unos de los derechos fundamentales individuales de las personas el derecho a la vida, el cual es inviolable e inherente a la persona humana.
Amalia tiene una hija de 10 años a la que quiere cuidar y atender, y no lo podrá hacer si muere debido a la falta de atención médica. Ella ya ha manifestado su deseo de que se le apliquen los tratamientos aunque esto signifique el aborto terapéutico porque quiere vivir. Eso debería ser suficiente para que se le aplique la quimioterapia de inmediato.
Nicaragua es suscriptora de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; De la Declaración Americana de Derechos del Hombre, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas y de la Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. Estos instrumentos obligan al Estado Nicaragüense y en todos ellos está considerada como un asunto primordial la defensa del derecho a la vida de sus conciudadanos.
Ud. como Presidente de la República y Responsable del Poder Ejecutivo debe ser el primero en cumplir con la obligación del Estado de salvaguardar el primer bien jurídicamente protegido en nuestra Constitución que es la vida, y en este caso concreto está totalmente en sus manos.
Como usted sabe hemos lamentado una y otra vez que el Partido Frente Sandinista que usted dirige haya promovido la aprobación de la Ley 603 y posteriormente la criminalización del Aborto Terapéutico en el Código Penal de Nicaragua. Denunciamos entonces que esta medida no se correspondía con los preceptos y valores que cobijaron siempre al sandinismo verdadero, el de Carlos Fonseca. Creemos urgente que se despenalice el aborto terapéutico, como un derecho fundamental para las mujeres nicaragüenses, pero en este momento ante todo, queremos salvar la vida de “Amalia”.
Esperando su atención le saluda
Mónica Baltodano
Diputada
Carta de José Pallais
23 de febrero del año 2010
Doctor
GUILLERMO GONZÁLEZ
Ministro
MINISTERIO DE SALUD
Su despacho
Estimado Doctor González:
Sirva la presente en primer lugar para saludarle muy cordialmente y exteriorízale las muestras de consideración y estima.
La Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional ha recibido el caso de una paciente que para proteger su identidad la llamare AMALIA, paciente del HOSPITAL ESCUELA OSCAR DANILO ROSALES ARGÜELLO (HEODRA) de la ciudad de León.
La paciente desde el mes de diciembre del año 2009, fue atendida en el Centro de Salud de Poneloya por presentar problemas respiratorios, que los médicos sospechaban que fuera tuberculosis. Pero resulta que en los exámenes que le practicaron resulto con 7 semanas de embarazo y en las placas de pulmón se reflejo unas manchas.
A partir de ahí, se le diagnostico que tenía cáncer en los pulmones, cerebro y senos, el cual había hecho metástasis, siendo el tratamiento a aplicar la quimioterapia o radioterapia. Pero le expresaron los médicos que la aplicación de dicho tratamiento afectaría el embarazo, los que constituiría un aborto terapéutico. Por ello le han expresado a la paciente que no podrán aplicar el tratamiento y que no pueden hacer nada.
Es importante ponerle en conocimiento que AMALIA tiene una hija de 10 años de edad, la que tiene bajo su cuido y crianza.
Ministro de Salud, considero oportuno hacer las siguientes reflexiones jurídicas y humanas que viene al caso:
• La Constitución Política de la República de Nicaragua establece como unos de los derechos fundamentales individuales de las personas el derecho a la vida, el cual es inviolable e inherente a la persona humana. Esto con la lógica de que el primer bien jurídicamente protegido es la vida y le corresponde al Estado salvaguardad este derecho humano y fundamental.
• Es importante valorar que con la posición de los galenos y la enfermedad grave que padece AMALIA se llegará a un desenlace fatal e irreparable, teniendo en cuenta que de por medio hay una hija de 10 años que quedaría en la orfandad. Por lo tanto que se lograría, nada, en cambio se perdería una vida y se privaría a una inocente niña del afecto, cuido, crianza, educación entre otras muchísimas cosas que le podría haber dado su madre.
• Nicaragua es suscriptora de una sinnúmero de convenios internacionales tales como: La Declaración Universal de los Derechos Humanos; en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas y en la Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, del cual el Estado es garante de su cumplimiento.
Concurro ante Usted a solicitarle muy respetuosamente que antes de cerrarle todos los espacios clínicos y de aspiraciones a seguir viviendo a AMALIA, se valore la última posibilidad de aplicar el precepto constitucional del Derecho a la Vida, observando para tal efecto los Protocolos del Ministerio del Salud (MINSA) y los Protocolos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de cara a no afectar dos vidas, la de AMALIA y de su menor hija.
Sin más a que hacer referencia, a la espera de su atención que le brinde a la presente, me suscribo de Usted. Le adjunto documentos del caso el que consta de 22 folios útiles para que soporten la presente.
Atentamente,
José Bernard Pallais Arana
Presidente
AMNISTÍA INTERNACIONAL (Comunicado de Prensa)
23 de febrero de 2010
La ley del aborto nicaragüense pone en peligro a una mujer con cáncer embarazad.
Los médicos que tratan a Amalia se han negado a utilizar radioterapia y quimioterapia, pues temen ser procesados.
Amalia tiene una hija de 10 años, que únicamente cuenta con su madre. En diciembre de 2009, acudió a una clínica local por problemas respiratorios, fiebre, náuseas y mareos. La remitieron a un hospital para hacerle pruebas, y permanece allí hospitalizada desde el 2 de febrero. Sus médicos dijeron que necesitaba tratamiento urgente con quimioterapia y radioterapia, pero no lo han iniciado porque temen causar daño no intencionado al feto.
“La prohibición que Nicaragua hace del aborto terapéutico es una vergüenza de derechos humanos que ridiculiza la ciencia médica y convierte la ley en un arma contra la prestación de asistencia médica esencial a mujeres y niñas embarazadas”, ha declarado Esther Major.
En 2006, antes de que se introdujera la prohibición del aborto, 21 asociaciones médicas nicaragüenses pertenecientes a todo el espectro de las disciplinas médicas emitieron una declaración pública conjunta contra la propuesta de prohibición total del aborto, e incluyeron en ella la advertencia explícita de que, si se aprobaba esa prohibición, se limitaría la capacidad de los profesionales de la medicina de prestar asistencia médica y ejercer su profesión.
El 18 de febrero, varias ONG nicaragüenses y la asociación profesional ginecológica más grande de Nicaragua pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ordenara “medidas especiales”, lo que obligaría al gobierno a cumplir con su obligación jurídica de proteger el derecho de Amalia a la vida y la salud y garantizar que recibe de inmediato tratamiento que podría salvar, o al menos prolongar, su vida.
“La prohibición total del aborto dictada en Nicaragua es ilegal, y el gobierno nicaragüense ha ignorado además los llamamientos realizados por cuatro órganos expertos de las Naciones Unidas, entre ellos el Comité contra la Tortura, para que se derogue la ley que criminaliza el aborto”, ha manifestado Esther Major.
Hace dos semanas, 11 Estados miembros de la ONU pidieron a Nicaragua que reforme su ley sobre el aborto, dado el aumento de las muertes maternas y de las víctimas de violación que se ven obligadas a llevar a término su embarazo desde que se introdujo la ley.
“Asimismo, desde hace más de un año está pendiente ante la sección constitucional de la Corte Suprema un recurso de constitucionalidad contra esta ley”, ha declarado Esther Major.
“Amnistía Internacional contempla con consternación la negativa del gobierno nicaragüense a responder a las peticiones de que se modifique esta cruel ley.”
Si desean una copia del informe de Amnistía Internacional sobre las consecuencias de la prohibición total del aborto en Nicaragua, véase: http://www.amnesty.org/library/info/AMR43/001/2009/es
Si desean más información o concertar una entrevista, pónganse en contacto con: Josefina Salomon, móvil: +44 7778 472 116, jsalomon@amnesty.org
La campaña “Exige Dignidad” de Amnistía Internacional tiene como finalidad poner fin a las violaciones de derechos humanos que provocan e intensifican la pobreza mundial. La campaña movilizará a personas de todo el mundo para pedir que gobiernos, empresas y otros elementos con poder escuchen la voz de quienes viven en la pobreza y reconozcan y protejan sus derechos. Para más información, visiten: http://demanddignity.amnesty.org
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La ley del aborto nicaragüense pone en peligro a una mujer con cáncer embarazad.
Amnistía Internacional ha pedido hoy a las autoridades nicaragüenses que proporcionen tratamiento contra el cáncer a una mujer a la que actualmente se le está negando a causa de una ley que prohíbe el aborto en todas las circunstancias.
Amalia (no es su nombre real), de 27 años, está embarazada de 10 semanas, y el 2 de febrero se le diagnosticó un cáncer que puede haberse extendido ya al cerebro, el corazón y los pechos.
Las autoridades nicaragüenses están impidiendo que los médicos le pongan tratamiento para el cáncer mientras esté embarazada, ya que el personal médico podría ser procesado si causa daño al feto durante el tratamiento, aunque ese daño no sea intencionado.
“Causa conmoción ver que Nicaragua puede negar a una paciente de cáncer un tratamiento que podría salvarle la vida, porque está embarazada” ha manifestado Esther Major, investigadora de Amnistía Internacional sobre América Central.
“La situación de Amalia revela el impacto de esta ley y demuestra la urgente necesidad de derogar esta prohibición draconiana que impide prestar atención oportuna y obstaculiza la labor médica”, ha manifestado Esther Major. “Cada día que pasa es crítico para las posibilidades de supervivencia de Amalia, y las autoridades nicaragüenses deben tomar medidas inmediatas para proporcionarle toda la atención médica que necesita para su enfermedad.”
Los médicos que tratan a Amalia se han negado a utilizar radioterapia y quimioterapia, pues temen ser procesados.
Amalia tiene una hija de 10 años, que únicamente cuenta con su madre. En diciembre de 2009, acudió a una clínica local por problemas respiratorios, fiebre, náuseas y mareos. La remitieron a un hospital para hacerle pruebas, y permanece allí hospitalizada desde el 2 de febrero. Sus médicos dijeron que necesitaba tratamiento urgente con quimioterapia y radioterapia, pero no lo han iniciado porque temen causar daño no intencionado al feto.
“La prohibición que Nicaragua hace del aborto terapéutico es una vergüenza de derechos humanos que ridiculiza la ciencia médica y convierte la ley en un arma contra la prestación de asistencia médica esencial a mujeres y niñas embarazadas”, ha declarado Esther Major.
En 2006, antes de que se introdujera la prohibición del aborto, 21 asociaciones médicas nicaragüenses pertenecientes a todo el espectro de las disciplinas médicas emitieron una declaración pública conjunta contra la propuesta de prohibición total del aborto, e incluyeron en ella la advertencia explícita de que, si se aprobaba esa prohibición, se limitaría la capacidad de los profesionales de la medicina de prestar asistencia médica y ejercer su profesión.
El 18 de febrero, varias ONG nicaragüenses y la asociación profesional ginecológica más grande de Nicaragua pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ordenara “medidas especiales”, lo que obligaría al gobierno a cumplir con su obligación jurídica de proteger el derecho de Amalia a la vida y la salud y garantizar que recibe de inmediato tratamiento que podría salvar, o al menos prolongar, su vida.
“La prohibición total del aborto dictada en Nicaragua es ilegal, y el gobierno nicaragüense ha ignorado además los llamamientos realizados por cuatro órganos expertos de las Naciones Unidas, entre ellos el Comité contra la Tortura, para que se derogue la ley que criminaliza el aborto”, ha manifestado Esther Major.
Hace dos semanas, 11 Estados miembros de la ONU pidieron a Nicaragua que reforme su ley sobre el aborto, dado el aumento de las muertes maternas y de las víctimas de violación que se ven obligadas a llevar a término su embarazo desde que se introdujo la ley.
“Asimismo, desde hace más de un año está pendiente ante la sección constitucional de la Corte Suprema un recurso de constitucionalidad contra esta ley”, ha declarado Esther Major.
“Amnistía Internacional contempla con consternación la negativa del gobierno nicaragüense a responder a las peticiones de que se modifique esta cruel ley.”
Si desean una copia del informe de Amnistía Internacional sobre las consecuencias de la prohibición total del aborto en Nicaragua, véase: http://www.amnesty.org/library/info/AMR43/001/2009/es
Si desean más información o concertar una entrevista, pónganse en contacto con: Josefina Salomon, móvil: +44 7778 472 116, jsalomon@amnesty.org
La campaña “Exige Dignidad” de Amnistía Internacional tiene como finalidad poner fin a las violaciones de derechos humanos que provocan e intensifican la pobreza mundial. La campaña movilizará a personas de todo el mundo para pedir que gobiernos, empresas y otros elementos con poder escuchen la voz de quienes viven en la pobreza y reconozcan y protejan sus derechos. Para más información, visiten: http://demanddignity.amnesty.org
AI insta a Gobierno nicaragüense a modificar la ley que criminaliza el aborto
En un informe emitido hoy por AI desde su sede en Londres, esta organización pro derechos humanos insta a las autoridades nicaragüenses a tomar medidas legales para que esa mujer, de 27 años y embarazada de diez semanas, pueda someterse a las sesiones de quimioterapia y radioterapia que necesita de forma inmediata.
La legislación del país centroamericano prohíbe al personal médico tratar a esa paciente porque está embarazada y fue diagnosticada el pasado 2 de febrero con un cáncer que podría haberse extendido ya al cerebro, pulmones y pechos.
Esta negativa se debe al temor que impera en el colectivo médico a enfrentarse a la ley en caso de que el tratamiento contra el cáncer pudiera afectar al feto.
"Es asombroso que Nicaragua niegue a una paciente de cáncer un tratamiento que potencialmente podría salvarle la vida porque está embarazada", denuncia Esther Major, representante de AI en América Central en la mencionada nota.
La situación de esta mujer pone en evidencia "el impacto de esta ley" y demuestra la "necesidad urgente" de revocar esta prohibición "draconiana", señala Major.
"La ley sobre los abortos terapéuticos de Nicaragua es un escándalo que ridiculiza la ciencia médica y convierte esta ley en un arma contra la provisión de cuidado médico básico a mujeres embarazadas y niñas", advirtió Major.
En el año 2006, antes de que la introducción de dicha normativa, las asociaciones médicas nicaragüenses emitieron un comunicado conjunto contra la propuesta de establecer una prohibición total sobre el aborto.
En esa nota, el colectivo médico advertía de las limitaciones que esa ley impondría en el ejercicio médico.
El pasado 18 de febrero, organizaciones no gubernamentales y la mayor asociación ginecológica de ese país pidieron a la comisión interamericana sobre derechos humanos que solicitara "medidas especiales" para que el Gobierno nicaragüense protegiera a esa paciente y se asegurara de que obtuviera un tratamiento inmediato que podría salvarle o prolongarle la vida.
AI insiste en que la prohibición total del aborto es "ilegal" y lamenta que el Gobierno nicaragüense haya ignorado también las peticiones hechas por organismos dependientes de la ONU para revocar esta legislación.
"Amnistía Internacional está consternada ante las negativas del gobierno a responder a los llamamientos para cambiar esta ley cruel", añadió la organización pro derechos humanos.EFE
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22 feb 2010
¿Cuántas “Amelias” hay en Nicaragua?
* Titular del Minsa no da respuesta clara y sólo habla de “una comisión” que “cubre” situación presentada en el Heodra de León * Directora de Cisas comentó que desde agosto de 2008, el Ministerio dejó de publicar el informe epidemiológico y las muertes maternas de manera semanal.
Tania Sirias
END - 19:54 - 20/02/2010
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El ministro de Salud, Guillermo González, aseguró a los medios oficialistas que el caso de “Amelia”, --la embarazada con cáncer--, ya está siendo “cubierto”, por una comisión médica de esta institución. Sin embargo, Ana Quiroz, Directora del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud, Cisas, solicitó que la evaluación sea científica y profesional.
La directora de Cisas espera que esta nueva comisión le dé solución a la problemática que enfrenta “Amelia”, ya que la vida de la madre está en riesgo.
“Espero que esta nueva comisión médica sea más seria, responsable, y que valore la vida de la mujer, pero sobre todo que no la condenen a morir porque de todas formas tiene cáncer”, dijo Quiroz
Agregó que se debe respetar la decisión de la embarazada, incluso si la decisión de “Amelia” es tener al bebé.
Violentan derechos humanos
Además, afirmó que en otros países la sobrevivencia al cáncer de mamas o de útero son altísimas, pero en nuestro país, debido a la falta de atención y con medidas como la que está sufriendo “Amelia”, la vida de las embarazadas se reduce considerablemente.
Quiroz también pidió “que el dictamen de esta comisión médica no tarde, pero sobre todo que se apeguen al conocimiento científico, y no a prejuicios de carácter religiosos. Esperemos que actúen de manera profesional, que habiendo una posibilidad, no actúen hasta que la vida de la embarazada corra riesgo”, expresó.
“Es una lástima que el personal de salud tenga una actitud violatoria a los derechos humanos, deshumanizada”, expresó la directora de Cisas.
¿Cuántos casos hay?
Quiroz agregó que le parece positiva la decisión del titular de Salud de asumir responsabilidades en el caso, sin embargo, le preocupa que si no se hubiese hecho el escándalo, “Amelia” estuviera sufriendo y sin atención oportuna.
“Algo que me preocupa es que no sabemos cuántos casos como el de Amelia existen en el país y cuántas mujeres con menos posibilidades han muerto por falta de apoyo”, expresó Quiroz.
La directora de Cisas comentó que desde agosto de 2008, el Ministerio de Salud dejó de publicar el informe epidemiológico y las muertes maternas de manera semanal.
A joven con cáncer y embarazada, sólo le queda “soportar”
* “De por sí está avanzado su mal”, justifican, condenando a “Amelia” a un posible desenlace fatal
* La única “opción” que le dan es que “si llegaba a los siete meses le sacarían al niño vivo, y si aguantaba, luego le podían aplicar la quimio”
Rafael Lara | rlara@elnuevodiario.com.ni
Luego de la conferencia de prensa brindada el jueves sobre el caso de “Amelia”, joven con cáncer a quien no le aplican la quimioterapia por estar embarazada, la propuesta del Hospital Escuela “Óscar Danilo Rosales” fue que de por sí su cáncer estaba avanzado, así que dejara de pensar en la interrupción del embarazo.
Lo anterior lo asegura Marta María Blandón, perteneciente al Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico, quien platicó con la paciente hospitalizada y con sus familiares, quienes le aseguraron que “una opción era soportar, y si llegaba los siete meses de gestación le sacarían al niño vivo, y si soportaba la intervención, luego le podían aplicar la quimio”.
Así el Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico responsabilizó a los diputados, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, en especial al magistrado presidente de la Sala Constitucional, Francisco Rosales, y al Presidente de la República, Daniel Ortega, por la vida de “Amelia”, la joven embarazada que padece de cáncer.
En el caso de “Amelia”, por su estado de embarazo no pueden hacerle la quimioterapia, ni pueden practicarle un aborto terapéutico por estar penado por la ley, así el cáncer avanza y su vida se apaga.
Insensibilidad que no tiene nombre
Bayardo Izabá, Director del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, organización miembro del Grupo Estratégico, dijo que después de hacer público el caso de “Amelia” --nombre ficticio a petición de la paciente-- creyeron que gestionando ante los magistrados de la CSJ, se podía acelerar el fallo sobre el recurso por inconstitucionalidad contra la penalización el aborto terapéutico que desde hace tres años interpusieron, y sobre el cual algunos magistrados aseguran que desde hace un año existe un anteproyecto de sentencia.
“Pero salimos sintiéndonos ofendidos por el nivel de insensibilidad que mostraron los magistrados Armengol Cuadra, Yadira Centeno, Alba Luz Ramos y el presidente de la Sala Constitucional, Francisco Rosales. Incluso, intentamos hablar con el magistrado Rafael Solís y nos cerraron las puertas. Hasta hubo insultos y agresiones contra nosotros porque reclamábamos el derecho a ser escuchados”, expresó Izabá.
En el caso de la magistrada Centeno, intentó evadirlos, pero antes dijo que desconocía sobre algún proyecto de sentencia. Al abordar en el pasillo al magistrado Cuadra sólo expresó que ese no era asunto suyo, sino de la Sala Constitucional.
“Hablamos con Rosales, quien insistió que había un anteproyecto de sentencia, y se sorprendió de que las magistradas lo desconocieran. Estas contradicciones demuestran un engaño, pues dicen cualquier cosa”, indicó el director del Cenidh.
Solís se encierra
Izabá agregó que después de esta visita se dieron cuenta de que no hay magistrados que amparen a la ciudadanía, sino sólo “servidores públicos” al servicio del mandato de sus patrones políticos.
Magali Quintana, parte del grupo de Católicas por el Derecho a Decidir, comentó que intentaron ver al magistrado Rafael Solís, sin embargo, éste les cerró las puertas, y dijo que no podía atenderlas.
Indicó que las organizaciones de mujeres no van a dejar morir a “Amelia”. “Que lo sepan Ortega y los distintos funcionarios de este país. No la vamos a dejar morir, aunque esto signifique tomar medidas drásticas contra la Ley de Penalización del Aborto Terapéutico, porque no aceptan una ley impuesta por el juego de la política, e injusta”.
“Hablo como católica por el derecho a decidir y como católica exijo a la jerarquía eclesiástica que no interfiera en este caso. No tenemos temor de represalias que tomen en nuestra contra, principalmente cuando el Estado no asume su responsabilidad de proteger la vida de las mujeres”, dijo Quintana.
Sábado 20 de Febrero de 2010 - Edición 10606
19 feb 2010
CIDH que exija al gobierno nicaragüense adoptar medidas cautelares
Organizaciones parte del Grupo estratégico por la Despenalización del Aborto terapéutico de NICARAGUA como el Centro Nicaraguense de Derechos Humanos, la Sociedad de Ginecologia y Obstetricia, Asociacion para la Nueva Familia, ANFAN, además de otras organizaciones internacionales como Women’s Link Worldwide de Colombia, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Cejil, IPAS Centro America, la víctima y su hermana, solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH que requiera al Estado de Nicaragua la adopción de medidas cautelares urgentes para proteger la vida de mujer nicaragüense de 27 años de edad a quien el sistema de salud le negó el aborto terapéutico que ella necesita para recibir el tratamiento de quimioterapia y radioterapia que es vital para combatir un cáncer.
El caso
El caso se registra en la ciudad de León, departamento de León, donde la mujer a quien llamamos “ Amalia”, para proteger su identidad, embarazada y madre de una niña de 10 años, le diagnosticaron cáncer con una posible metástasis en cerebro, pulmón y mama.
Aunque los médicos tratantes concluyeron que la paciente necesitaba interrumpir el embarazo para comenzar con el tratamiento de radioterapia y quimioterapia para combatir la enfermedad, la joven permanece en el hospital desde el 2 de Febrero del corriente año sin que se le haya practicado el aborto terapéutico y, por lo tanto, sin recibir ningún tipo de tratamiento para detener el cáncer.
Bajo estas circunstancias, “Amalia “, está en peligro inminente de perder la vida, ante la incapacidad de acceder a la interrupción de su embarazo; de acuerdo a la legislación vigente en Nicaragua, el estado de embarazo prima sobre el derecho a la integridad y a la vida de la mujer y en este caso además, quedaría en situación de orfandad su hija menor de edad.
El aborto en Nicaragua
Desde 1870, el aborto terapéutico era un derecho de las mujeres en Nicaragua cuando su vida o su salud corrían riesgo. El gobierno del presidente Enrique Bolaños determinó, a partir del 17 de noviembre de 2006, penalizar la práctica del aborto terapéutico bajo cualquier circunstancia.
Desde entonces, la mortalidad de mujeres por practicarse abortos inseguros y por causas relacionadas con enfermedades previas al embarazo o agravadas por el mismo, se ha incrementado notoriamente.
Diferentes organismos de derechos humanos y organizaciones civiles han hecho recomendaciones específicas al Estado de Nicaragua para que modifique la legislación y proteja los derechos humanos de sus mujeres. Entre otras, se destacan las observaciones del Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer – CEDAW, del Comité de Derechos Humanos –CDH, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –CDESC, y del Comité contra la Tortura –CAT, así como informes contundentes de Human Rights Watch y Amnistía Internacional.
Las organizaciones que radicaron hoy jueves 18 de febrero la solicitud de medidas cautelares urgentes para “Amalia”ante la CIDH, esperan que en los próximos días la Comisión se pronuncie para exigir al Estado Nicaragüense que tome medidas urgentes que permitan salvar la vida de esta mujer. Sigue leyendo
El caso
El caso se registra en la ciudad de León, departamento de León, donde la mujer a quien llamamos “ Amalia”, para proteger su identidad, embarazada y madre de una niña de 10 años, le diagnosticaron cáncer con una posible metástasis en cerebro, pulmón y mama.
Aunque los médicos tratantes concluyeron que la paciente necesitaba interrumpir el embarazo para comenzar con el tratamiento de radioterapia y quimioterapia para combatir la enfermedad, la joven permanece en el hospital desde el 2 de Febrero del corriente año sin que se le haya practicado el aborto terapéutico y, por lo tanto, sin recibir ningún tipo de tratamiento para detener el cáncer.
Bajo estas circunstancias, “Amalia “, está en peligro inminente de perder la vida, ante la incapacidad de acceder a la interrupción de su embarazo; de acuerdo a la legislación vigente en Nicaragua, el estado de embarazo prima sobre el derecho a la integridad y a la vida de la mujer y en este caso además, quedaría en situación de orfandad su hija menor de edad.
El aborto en Nicaragua
Desde 1870, el aborto terapéutico era un derecho de las mujeres en Nicaragua cuando su vida o su salud corrían riesgo. El gobierno del presidente Enrique Bolaños determinó, a partir del 17 de noviembre de 2006, penalizar la práctica del aborto terapéutico bajo cualquier circunstancia.
Desde entonces, la mortalidad de mujeres por practicarse abortos inseguros y por causas relacionadas con enfermedades previas al embarazo o agravadas por el mismo, se ha incrementado notoriamente.
Diferentes organismos de derechos humanos y organizaciones civiles han hecho recomendaciones específicas al Estado de Nicaragua para que modifique la legislación y proteja los derechos humanos de sus mujeres. Entre otras, se destacan las observaciones del Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer – CEDAW, del Comité de Derechos Humanos –CDH, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –CDESC, y del Comité contra la Tortura –CAT, así como informes contundentes de Human Rights Watch y Amnistía Internacional.
Las organizaciones que radicaron hoy jueves 18 de febrero la solicitud de medidas cautelares urgentes para “Amalia”ante la CIDH, esperan que en los próximos días la Comisión se pronuncie para exigir al Estado Nicaragüense que tome medidas urgentes que permitan salvar la vida de esta mujer. Sigue leyendo
El Estado de Nicaragua tiene que salvar la vida de Amalia
El Aborto Terapéutico es necesario
El aborto terapéutico no es un capricho, es un procedimiento médico para salvar la vida y la salud de las mujeres que presentan complicaciones en el embarazo.
Ante ustedes denunciamos el caso de una mujer, a quien llamaremos Amalia, para proteger la confidencialidad que su situación requiere. Ella es una de las mujeres que el día de hoy está sufriendo las consecuencias de una Ley , que además de injusta es inhumana.
Amalia es una mujer nicaragüense, tiene 27 años, es madre de una niña de 10 años de edad, tiene cáncer y está embarazada.
Amalia fue diagnosticada con cáncer, a la edad de 7 años, el que fue tratado en esa oportunidad como hongo y es hasta los l9 años que se le practica biopsia y se diagnostica como cáncer, mismo que vuelve a diagnosticarse el 15 Enero del presente año, confirmándose un cáncer invasor metastasico, por medio de ultrasonido y biopsia de axila. Agravado por un embarazo diagnosticado desde el 7 de Enero del 2010 . Sin embargo, en el Hospital en el cual está internada desde el día 2 de Febrero del 2010, no le han aplicado ningún tratamiento, argumentado que los únicos tratamientos posibles, como la quimioterapia o radioterapia, tendrían consecuencias directas sobre el embarazo.
Cada día el cáncer avanza, pero los médicos no han actuado. La vida y salud de Amalia están en riesgo. Su única posibilidad es que le realice una interrupción del embarazo, es decir un aborto terapéutico, para poder iniciar el tratamiento adecuado para detener el cáncer. Los médicos se niegan a realizar el procedimiento aduciendo que esta ley les impide aplicar el tratamiento necesario para salvar la vida de sus pacientes.
El Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico ha tomado medidas de emergencia para acompañar a Amalia y a su familia en su lucha por preservar su vida y su salud. El día 12 de febrero del 2010 Amalia y su familia enviaron una carta al Director del Hospital de León, en el cual está internada, solicitando la interrupción del embarazo y la aplicación del tratamiento necesario de forma inmediata. Sin embargo todavía no han tenido respuesta.
Hoy, 18 de febrero del 2010, el Grupo Estratégico por la despenalización del aborto terapéutico y otras organizaciones internacionales, enviamos solicitud de Medidas Cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que esta instancia internacional, requiera al Estado de Nicaragua la adopción de medidas urgentes para proteger de manera inmediata la vida e integridad física de Amalia.
Esperamos que el Estado de Nicaragua tome las medidas necesarias para preservar la salud de Amalia y que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie a favor de la vida de las mujeres despenalizando el aborto terapéutico.
GRUPO ESTRATEGICO POR LA DESPENALIZACION DEL ABORTO TERAPEUTICO
Aborto terapéutico o la mata el cáncer
* Médicos advierten que para contrarrestar el avance de las células cancerosas, se requiere aplicarle quimioterapia, pero el bebé no soportaría el tratamiento.
* 20 organizaciones enviaron el caso documentado a la CIDH, para que requiera al Estado nicaragüense la adopción de medidas urgentes para salvarle la vida.
* Una comisión médica estudia el caso, prometen tener respuesta para la próxima semana, mientras la paciente podría agravarse.
Rafael Lara y José Luis González
END - 22:48 - 18/02/2010
La denuncia sobre el caso de la joven “Amelia”, nombre ficticio que pidieron se diera a la paciente, se presentó en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, donde entre lágrimas, los familiares --que prefirieron omitir sus nombres-- pidieron a las autoridades de Salud que hagan algo para salvarle la vida a esta mujer de 27 años, que de fallecer dejaría en la orfandad a una niña de 10 años.
“Mi hermana está hospitalizada en León. En representación de mi mamá y de mis hermanos estamos pidiendo que se le haga el tratamiento. Estamos pidiendo que no se olviden de que mi hermana es un ser humano. Que el tratamiento… sea pronto, porque su situación es difícil y cada vez…”, dijo la hermana de la paciente, quien no terminó sus palabras, al sentir que no podía contener sus lágrimas frente a las cámaras.
El doctor Óscar Flores Vigil, Presidente de la Sociedad Nicaragüense de Ginecología y Obstetricia, explicó que “Amelia”, originaria del departamento de León, tiene cáncer metastásico que ha avanzado mucho, y con el embarazo se ha agravado.
“Para tratar el cáncer, lo único que puede salvarle la vida es la quimioterapia, pero esto significa que tendría que hacerse un aborto terapéutico, ya que el bebé no soportaría la radiación. El bebé en desarrollo podría sobrevivir, pero seguramente quedaría afectado con daños severos en su constitución física”, dijo Flores.
El especialista indicó que de no hacerse la quimioterapia, es seguro que el desenlace será negativo para ella, porque aunque el embarazo podría sobrevivir a la enfermedad, evidentemente se acortará la vida de la mamá y se acelerará el proceso de avance del cáncer.
Se debe tomar en cuenta, asimismo, que el niño también estaría en peligro, pues el deterioro de la salud de la madre podría llegar a interferir en las condiciones vitales mínimas que necesita un ser humano para sobrevivir.
El caso más doloroso conocido por doña Vilma
La doctora Vilma Núñez, Presidenta Ejecutiva del Cenidh, aseguró que en 20 años de trabajo en derechos humanos, éste es uno de los casos más dramáticos y dolorosos que le ha tocado abordar.
“La muchacha tiene 15 días de estar en el Hospital Escuela “Óscar Danilo Rosales”, sin que la dirección del centro tome una decisión al respecto. Estamos ante la insensibilidad gubernamental y las barreras de acero para el ejercicio de los derechos de las mujeres”, dijo.
Envían caso a la CIDH
Tanto el Cenidh como el Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico, enviaron una solicitud para medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“La solicitud está firmada por 20 organizaciones nacionales e internacionales en la que se pide que esta instancia internacional requiera al Estado de Nicaragua la adopción de medidas urgentes para proteger de inmediato la vida e integridad física de “Amelia”. Al mismo tiempo, se solicita que no se tomen medidas contra el personal médico ni contra terceras personas que la están apoyando”, comentó.
Marta María Blandón, coordinadora del Grupo Estratégico, señaló que desde el 12 de febrero se giró carta al director del hospital, al ministro de salud, al Presidente de la República, a la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, apelando a que hagan lo que tengan que hacer, y que el Estado cumpla con su deber de salvar la vida de todas sus ciudadanas.
Por su parte, el doctor Ricardo Cuadra, Director del Hospital de León, aseguró que la paciente ingresó al centro asistencial el dos de febrero con dolencias en distintas partes del cuerpo, fue ingresada inmediatamente al confirmarse que estaba embarazada.
Según el diagnóstico, la paciente, originaria de la comunidad costera de Poneloya, presenta tres tumores. Los familiares han solicitado al hospital la interrupción del embarazo para que posteriormente pueda recibir quimioterapia.
Esperan respuesta de comisión médica
“Es un caso complicado porque está en juego la vida de la madre y la del niño, nosotros no vamos a tomar una decisión a la ligera, una Comisión de Médicos Especialistas que fue integrada por ginecólogos, oncólogos y ginecoobstetras se reunirá hoy para valorar la situación con base en evidencias científicas, y en función de las leyes que rigen a la institución”, apuntó. Sigue leyendo
* 20 organizaciones enviaron el caso documentado a la CIDH, para que requiera al Estado nicaragüense la adopción de medidas urgentes para salvarle la vida.
* Una comisión médica estudia el caso, prometen tener respuesta para la próxima semana, mientras la paciente podría agravarse.
Rafael Lara y José Luis González
END - 22:48 - 18/02/2010
La denuncia sobre el caso de la joven “Amelia”, nombre ficticio que pidieron se diera a la paciente, se presentó en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, donde entre lágrimas, los familiares --que prefirieron omitir sus nombres-- pidieron a las autoridades de Salud que hagan algo para salvarle la vida a esta mujer de 27 años, que de fallecer dejaría en la orfandad a una niña de 10 años.
“Mi hermana está hospitalizada en León. En representación de mi mamá y de mis hermanos estamos pidiendo que se le haga el tratamiento. Estamos pidiendo que no se olviden de que mi hermana es un ser humano. Que el tratamiento… sea pronto, porque su situación es difícil y cada vez…”, dijo la hermana de la paciente, quien no terminó sus palabras, al sentir que no podía contener sus lágrimas frente a las cámaras.
El doctor Óscar Flores Vigil, Presidente de la Sociedad Nicaragüense de Ginecología y Obstetricia, explicó que “Amelia”, originaria del departamento de León, tiene cáncer metastásico que ha avanzado mucho, y con el embarazo se ha agravado.
“Para tratar el cáncer, lo único que puede salvarle la vida es la quimioterapia, pero esto significa que tendría que hacerse un aborto terapéutico, ya que el bebé no soportaría la radiación. El bebé en desarrollo podría sobrevivir, pero seguramente quedaría afectado con daños severos en su constitución física”, dijo Flores.
El especialista indicó que de no hacerse la quimioterapia, es seguro que el desenlace será negativo para ella, porque aunque el embarazo podría sobrevivir a la enfermedad, evidentemente se acortará la vida de la mamá y se acelerará el proceso de avance del cáncer.
Se debe tomar en cuenta, asimismo, que el niño también estaría en peligro, pues el deterioro de la salud de la madre podría llegar a interferir en las condiciones vitales mínimas que necesita un ser humano para sobrevivir.
El caso más doloroso conocido por doña Vilma
La doctora Vilma Núñez, Presidenta Ejecutiva del Cenidh, aseguró que en 20 años de trabajo en derechos humanos, éste es uno de los casos más dramáticos y dolorosos que le ha tocado abordar.
“La muchacha tiene 15 días de estar en el Hospital Escuela “Óscar Danilo Rosales”, sin que la dirección del centro tome una decisión al respecto. Estamos ante la insensibilidad gubernamental y las barreras de acero para el ejercicio de los derechos de las mujeres”, dijo.
Envían caso a la CIDH
Tanto el Cenidh como el Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico, enviaron una solicitud para medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“La solicitud está firmada por 20 organizaciones nacionales e internacionales en la que se pide que esta instancia internacional requiera al Estado de Nicaragua la adopción de medidas urgentes para proteger de inmediato la vida e integridad física de “Amelia”. Al mismo tiempo, se solicita que no se tomen medidas contra el personal médico ni contra terceras personas que la están apoyando”, comentó.
Marta María Blandón, coordinadora del Grupo Estratégico, señaló que desde el 12 de febrero se giró carta al director del hospital, al ministro de salud, al Presidente de la República, a la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, apelando a que hagan lo que tengan que hacer, y que el Estado cumpla con su deber de salvar la vida de todas sus ciudadanas.
Por su parte, el doctor Ricardo Cuadra, Director del Hospital de León, aseguró que la paciente ingresó al centro asistencial el dos de febrero con dolencias en distintas partes del cuerpo, fue ingresada inmediatamente al confirmarse que estaba embarazada.
Según el diagnóstico, la paciente, originaria de la comunidad costera de Poneloya, presenta tres tumores. Los familiares han solicitado al hospital la interrupción del embarazo para que posteriormente pueda recibir quimioterapia.
Esperan respuesta de comisión médica
“Es un caso complicado porque está en juego la vida de la madre y la del niño, nosotros no vamos a tomar una decisión a la ligera, una Comisión de Médicos Especialistas que fue integrada por ginecólogos, oncólogos y ginecoobstetras se reunirá hoy para valorar la situación con base en evidencias científicas, y en función de las leyes que rigen a la institución”, apuntó. Sigue leyendo
Nicaragua rechaza en la ONU autorizar el aborto terapéutico
08 de Febrero de 2010, 03:23pm ET
GINEBRA, 8 Feb 2010 (AFP)
Nicaragua descartó permitir el aborto terapéutico al presentarse este lunes en Ginebra al Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo de la ONU donde todos los Estados miembros se someten a una revisión de la situación general de derechos humanos.
"Las transformaciones legales y las nuevas disposiciones referidas al aborto en Nicaragua son el resultado del ejercicio de la soberanía en nuestro país (...) no es un asunto de carácter religioso", señaló durante su discurso la ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, al referirse a la prohibición del aborto.
"La mayoría de los ciudadanos nicaragüenses consideran que es importante el derecho a la vida del no nato, que es también un ser humano con goce del derecho a la vida, que el aborto no es un método apropiado de control de la natalidad (...) la solución es realmente la prevención a través del uso de los metodos anticonceptivos", recalcó la ministra.
Su posición no impidió que varios países le reclamaran una reforma legal para autorizar el aborto terapéutico, o sea en la eventualidad de incesto, de violencia sexual contra la mujer, o si peligra la vida de ésta, destacándose las intervenciones de México, Francia, Eslovenia y Noruega.
Al propio tiempo, Vilma Nuñez de Escorcia, de origen nicaragüense y vicepresidenta de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), presente durante las deliberaciones, dijo a la AFP que lamentaba que el gobierno de Nicaragua no consultara a toda la sociedad civil para elaborar su informe frente a esta comparecencia en la ONU, afirmando que así había ocurrido con su organización.
Manifestó su preocupación por la violaciones "de los derechos de la mujeres, específicamente la violencia sexual intrafamiliar y la prohibición del aborto tepapéutico como una medida para salvar la vida de las mujeres en situaciones de riesgo por un parto o un embarazo dificil".
Esther Mayor, de Amnistíaa Internacional (AI) indicó a la AFP que "el Código Penal revisado de 2008 prevé sanciones penales para los profesionales de la medicina y la enfermería que traten a una mujer embarazada por afecciones como el cáncer o emergencias cardiacas cuando el tratamiento pueda causar lesiones o la muerte del embrión o el feto".
"No hay ninguna excepción en la ley ni proteccion para los medicos (...) si esta ley no se reforma urgentemente, mujeres y niñas van a continuar sufriendo graves violaciones de sus derechos humanos (...) siendo obligadas a llevar a término su embarazo, y también aumentarán las muertes maternas", subrayó Esther Mayor, agregando que su ONG tampoco fue consultada por el gobierno de Nicaragua.
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GINEBRA, 8 Feb 2010 (AFP)
Nicaragua descartó permitir el aborto terapéutico al presentarse este lunes en Ginebra al Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo de la ONU donde todos los Estados miembros se someten a una revisión de la situación general de derechos humanos.
"Las transformaciones legales y las nuevas disposiciones referidas al aborto en Nicaragua son el resultado del ejercicio de la soberanía en nuestro país (...) no es un asunto de carácter religioso", señaló durante su discurso la ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, al referirse a la prohibición del aborto.
"La mayoría de los ciudadanos nicaragüenses consideran que es importante el derecho a la vida del no nato, que es también un ser humano con goce del derecho a la vida, que el aborto no es un método apropiado de control de la natalidad (...) la solución es realmente la prevención a través del uso de los metodos anticonceptivos", recalcó la ministra.
Su posición no impidió que varios países le reclamaran una reforma legal para autorizar el aborto terapéutico, o sea en la eventualidad de incesto, de violencia sexual contra la mujer, o si peligra la vida de ésta, destacándose las intervenciones de México, Francia, Eslovenia y Noruega.
Al propio tiempo, Vilma Nuñez de Escorcia, de origen nicaragüense y vicepresidenta de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), presente durante las deliberaciones, dijo a la AFP que lamentaba que el gobierno de Nicaragua no consultara a toda la sociedad civil para elaborar su informe frente a esta comparecencia en la ONU, afirmando que así había ocurrido con su organización.
Manifestó su preocupación por la violaciones "de los derechos de la mujeres, específicamente la violencia sexual intrafamiliar y la prohibición del aborto tepapéutico como una medida para salvar la vida de las mujeres en situaciones de riesgo por un parto o un embarazo dificil".
Esther Mayor, de Amnistíaa Internacional (AI) indicó a la AFP que "el Código Penal revisado de 2008 prevé sanciones penales para los profesionales de la medicina y la enfermería que traten a una mujer embarazada por afecciones como el cáncer o emergencias cardiacas cuando el tratamiento pueda causar lesiones o la muerte del embrión o el feto".
"No hay ninguna excepción en la ley ni proteccion para los medicos (...) si esta ley no se reforma urgentemente, mujeres y niñas van a continuar sufriendo graves violaciones de sus derechos humanos (...) siendo obligadas a llevar a término su embarazo, y también aumentarán las muertes maternas", subrayó Esther Mayor, agregando que su ONG tampoco fue consultada por el gobierno de Nicaragua.
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Encadenadas a favor del Aborto Terapéutico
Eduardo Cruz y Elízabeth Romero
nacionales@laprensa.com.ni
Evelin Flores, de la Fundación Puntos de Encuentro, indicó que la penalización del aborto terapéutico es producto del pacto entre los partidos, de líderes políticos que no tienen sensibilidad por las mujeres.
“Aquí las mujeres se están muriendo y para el Estado y el Gobierno no es nada”, dijo Flores.
Flores indicó que sólo en el primer trimestre de este año 2009 murieron por falta de aborto terapéutico un total de 21 mujeres, cifra que podría ser mayor porque el Gobierno ha ocultado cifras, indicando otras causas en las muertes de las mujeres.
IRRUMPEN EN FORO
Un grupo de mujeres logró desplegar ayer una manta a favor del aborto terapéutico, interrumpiendo por instantes un foro sobre derechos humanos que organiza la Policía Nacional y el Gobierno.
Los organizadores del denominado Foro Estado de Derechos Humanos, Policía y Desarrollo, al que asisten representantes de las diferentes instituciones del Estado, decidieron dar un receso luego que el grupo de feministas irrumpió en el foro para reclamar por el derecho al aborto terapéutico que fue penalizado hace dos años.
Al foro que culminará mañana asisten instituciones y organismos que trabajan por la situación de derechos humanos del país y está enfocado en la valoración a que será sometida Nicaragua ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en febrero de 2010, como parte del examen periódico universal.
La Prensa, 29 de septiembre 2009
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nacionales@laprensa.com.ni
Mujeres del Grupo Estratégico para la Despenalización del Aborto Terapéutico se encadenaron frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para exigir nuevamente a los magistrados judiciales una sentencia en el caso del aborto terapéutico.
Entre las mujeres encadenadas se encontraba la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez de Escorcia, quien manifestó que los magistrados judiciales violan la ley al no emitir sentencia, porque demoran la justicia y no permiten que las mujeres recurran a instancias internacionales, pues para ello necesitan agotar los procedimientos en Nicaragua.
Núñez de Escorcia agregó que las mujeres magistradas no tienen autoridad moral para realizar e impulsar foros de Derechos Humanos, como el que ayer se realizó en el hotel Hilton Princess, porque ellas mismas están violando los derechos humanos de las mujeres que mueren porque no tienen acceso al aborto terapéutico.
“Nos encadenamos porque la cadena es la forma más cruel de represión, y es lo mismo que hacen con las mujeres que les prohíben el acceso al aborto terapéutico”, dijo Núñez de Escorcia.
Evelin Flores, de la Fundación Puntos de Encuentro, indicó que la penalización del aborto terapéutico es producto del pacto entre los partidos, de líderes políticos que no tienen sensibilidad por las mujeres.
“Aquí las mujeres se están muriendo y para el Estado y el Gobierno no es nada”, dijo Flores.
Flores indicó que sólo en el primer trimestre de este año 2009 murieron por falta de aborto terapéutico un total de 21 mujeres, cifra que podría ser mayor porque el Gobierno ha ocultado cifras, indicando otras causas en las muertes de las mujeres.
IRRUMPEN EN FORO
Un grupo de mujeres logró desplegar ayer una manta a favor del aborto terapéutico, interrumpiendo por instantes un foro sobre derechos humanos que organiza la Policía Nacional y el Gobierno.
Los organizadores del denominado Foro Estado de Derechos Humanos, Policía y Desarrollo, al que asisten representantes de las diferentes instituciones del Estado, decidieron dar un receso luego que el grupo de feministas irrumpió en el foro para reclamar por el derecho al aborto terapéutico que fue penalizado hace dos años.
Al foro que culminará mañana asisten instituciones y organismos que trabajan por la situación de derechos humanos del país y está enfocado en la valoración a que será sometida Nicaragua ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en febrero de 2010, como parte del examen periódico universal.
La Prensa, 29 de septiembre 2009
Encadenadas en la CSJ - 28 de Septiembre
Es necesario que la clase política, la jerarquía religiosa y la población en general vea las cadenas que desde hace tres años impusieron sobre nuestros cuerpos y nuestras mentes al penalizar el aborto terapéutico. Estas cadenas que hoy se pueden ver las sentimos a diario.
Las cadenas que hoy nos atan son las mismas cadenas que cierran las puertas de los hospitales y los centros de salud, son las mismas cadenas que no dejan actuar a doctores y doctoras ante una emergencia obstétrica, son las mismas cadenas que invaden los cuerpos de las mujeres de culpa y de miedo durante el embarazo, son las mismas cadenas que obligan a las mujeres pobres a practicarse abortos en condiciones insalubres, son las mismas cadenas que han matado mujeres y que re victimizan a las niñas embarazadas como producto de una violación. Son las mismas cadenas que niegan el derecho a la vida y a la equidad entre hombres y mujeres.
Hoy ven nuestros cuerpos encadenados en el portón de la indiferencia. El portón de la Corte Suprema de Justicia, que sigue sin responder a nuestras demandas por la restitución del aborto terapéutico. Las mujeres y hombres aquí presentes estamos indignadas e indignados ante la irresponsabilidad de la clase política que sigue obviando un problema del que están conscientes; y les recordamos, hoy, que desde hace tres años ha habido mujeres que sufren y mueren a causa de su ley injusta.
Nos encadenamos hoy para visibilizar la violencia contra las mujeres que institucionalizó el Estado nicaragüense, pero también porque nos sentimos impotentes. Impotentes como médicos o médicas cuando no podemos actuar en pro de la vida de las mujeres, impotentes como feministas porque rechazamos la maternidad como una imposición y porque nos duele cada mujer muerta, cada mujer cuya vida está en riesgo por no acceder a un aborto seguro.
Exigimos y seguiremos exigiéndoles a los magistrados y las magistradas una sentencia favorable para liberarnos de una vez por todas de las cadenas que injustamente oprimen a las mujeres nicaragüenses.
Exigimos la DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO TERAPEUTICO ¡YA!
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Hoy ven nuestros cuerpos encadenados en el portón de la indiferencia. El portón de la Corte Suprema de Justicia, que sigue sin responder a nuestras demandas por la restitución del aborto terapéutico. Las mujeres y hombres aquí presentes estamos indignadas e indignados ante la irresponsabilidad de la clase política que sigue obviando un problema del que están conscientes; y les recordamos, hoy, que desde hace tres años ha habido mujeres que sufren y mueren a causa de su ley injusta.
Nos encadenamos hoy para visibilizar la violencia contra las mujeres que institucionalizó el Estado nicaragüense, pero también porque nos sentimos impotentes. Impotentes como médicos o médicas cuando no podemos actuar en pro de la vida de las mujeres, impotentes como feministas porque rechazamos la maternidad como una imposición y porque nos duele cada mujer muerta, cada mujer cuya vida está en riesgo por no acceder a un aborto seguro.
Exigimos y seguiremos exigiéndoles a los magistrados y las magistradas una sentencia favorable para liberarnos de una vez por todas de las cadenas que injustamente oprimen a las mujeres nicaragüenses.
Exigimos la DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO TERAPEUTICO ¡YA!
La historia de cada mujer cuenta
Imágenes que cuentan la lucha por la Despenalización del Aborto Terapéutico en Nicaragua. Música de Naik Madera. Sigue leyendo
Nicaragua: La prohibición total del Aborto viola la Convención sobre la Tortura
El Comité de la ONU contra la Tortura expresa su profunda preocupación por la prohibición total del aborto en Nicaragua
Amnistía Internacional ha instado hoy, 15 de mayo del 2009, a las autoridades nicaragüenses a actuar sobre la petición del Comité de la ONU contra la Tortura respecto a que Nicaragua revise su prohibición total del aborto con vistas a incluir excepciones.
Tras examinar la situación en Nicaragua frente a las obligaciones contraídas por el Estado en virtud de la Convención contra la Tortura, el Comité ha concluido que el Estado Parte debe revisar su marco jurídico respecto al aborto. El Comité experto ha señalado que la prohibición total es causa de profunda preocupación, ya que expone a mujeres y niñas a una amenaza constante de violaciones graves de sus derechos, especialmente cuando la continuación del embarazo supone una amenaza para su vida, o cuando el embarazo es consecuencia de una violación.
“El Comité ha enviado un mensaje claro al Estado nicaragüense: mientras esté en vigor la prohibición total, sin excepciones, estarán incumpliendo su obligación legal internacional de proteger los derechos humanos”, ha manifestado Widney Brown, directora general de Derecho Internacional y Política de Amnistía Internacional. “Si se mantiene esta prohibición total, las mujeres y las niñas seguirán corriendo peligro de tortura y trato cruel, inhumano o degradante. Una inacción semejante sería muestra de una cruel indiferencia hacia el dolor físico, la angustia psicológica y la ausencia de dignidad humana que esta ley condena a sufrir a mujeres y niñas nicaragüenses al negarles y frustrar su acceso a tratamiento médico esencial durante el embarazo.”
El derecho penal establece penas de prisión para los médicos que practiquen un aborto y las mujeres o niñas que se sometan a él, independientemente de las circunstancias, como por ejemplo si la vida o la salud de la mujer embarazada corre peligro en caso de seguir adelante el embarazo.
“Tal como ha señalado el Comité, los médicos, en un momento en el que tienen que tomar decisiones vitales, se ven obligados a violar su ética profesional, hacer caso omiso de las buenas prácticas y los protocolos, y poner en peligro la vida y la salud de su paciente”, ha declarado Widney Brown. “Además, las víctimas de violación que quedan embarazadas a consecuencia de ese delito se enfrentan en Nicaragua a una elección desmesurada: continuar con el embarazo hasta el final, independientemente del peligro que suponga para su vida, su salud o su bienestar, o buscar un aborto clandestino poco seguro que pone en peligro su vida y su salud y las puede enviar a la cárcel. En un país en el que los índices de abuso sexual son elevados, y en el que al menos el 50 por ciento de las víctimas de violación son niñas de hasta 18 años, esta situación resulta especialmente atroz.”
La prohibición total afecta gravemente a la capacidad de los médicos de responder de forma rápida y decidida a las complicaciones que sufren mujeres y niñas durante el embarazo. La ley niega a las mujeres embarazadas la atención médica que necesitan y que, en algunos casos, salvaría su vida.
El Comité de la ONU contra la Tortura es el cuarto órgano de vigilancia de los tratados de la ONU que pide al gobierno de Nicaragua que derogue la prohibición total del aborto en todas las circunstancias porque esa prohibición viola los derechos de mujeres y niñas. El Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ya han subrayado al gobierno nicaragüense que esta ley incumple las obligaciones legales internacionales contraídas por el Estado y pone en peligro la vida y la salud de mujeres y niñas.
Amnistía Internacional considera que la prohibición total del aborto en Nicaragua –incluso en casos en los que la continuación del embarazo supone una amenaza para la vida de la madre, o cuando el embarazo es consecuencia de una violación– constituye una violación de los derechos humanos de mujeres y niñas, incluido el derecho a no sufrir tortura o trato cruel, inhumano o degradante.
La organización pide a las autoridades nicaragüenses que deroguen la prohibición total del aborto y garanticen que no se prohíbe a los médicos proporcionar el tratamiento médicamente indicado a las mujeres y las niñas que lo necesitan.
Información complementaria
Cuando se restringe el acceso de las mujeres a la información y los servicios de un aborto legal y seguro, sus derechos humanos fundamentales pueden correr grave peligro. Por ello, Amnistía Internacional pide a los Estados que tomen las siguientes medidas para prevenir los abusos graves contra los derechos humanos de las mujeres y ponerles fin, de acuerdo con las obligaciones contraídas por el Estado en virtud de las normas internacionales de derechos humanos:
a) Derogar todas las leyes que permiten el encarcelamiento o la imposición de otras sanciones penales a mujeres por pedir un aborto o someterse a él, y todas las leyes que establecen el encarcelamiento u otras sanciones penales a quienes se limitan a proporcionar información sobre el aborto o a practicar abortos.
b) Proporcionar acceso a servicios médicos por las complicaciones derivadas del aborto a todas las mujeres que lo necesiten, en todas las circunstancias, independientemente de la situación legal del aborto.
c) Tomar todas las medidas necesarias para garantizar que se dispone de servicios de aborto legal y seguro accesibles, aceptables y de buena calidad para todas las mujeres que los necesiten en casos de embarazo no deseado a consecuencia de violación, agresión sexual o incesto y en todos los casos de embarazo que ponga en peligro la vida o en grave peligro la salud de la mujer. Amnistía Internacional no adopta postura alguna respecto a los demás aspectos del aborto.
El Comité de la ONU contra la Tortura es el órgano experto establecido por la Convención de la ONU contra la Tortura para vigilar el cumplimiento de este tratado por parte de los Estados. Se compone de 10 miembros independientes e imparciales elegidos por los Estados Partes en el tratado. Los gobiernos deben presentar informes periódicos al Comité, quien, a su vez, formula recomendaciones para mejorar el cumplimiento del tratado por parte del Estado en cuestión.
Amnistía Internacional presentó al Comité contra la Tortura un informe sobre la negación del acceso a servicios médicos esenciales por medio de una legislación que impone una prohibición absoluta a la prestación de servicios de aborto y que penaliza el aborto en Nicaragua. Además, la organización asistió a las vistas del Comité, celebradas en Ginebra el 31 de abril y el 1 de mayo. En esas sesiones, Amnistía Internacional también proporcionó al Comité información sobre la aplicación de la Convención contra la Tortura por parte de Israel.
Puede descargar el documento completo en PDF aqui Sigue leyendo
Amnistía Internacional ha instado hoy, 15 de mayo del 2009, a las autoridades nicaragüenses a actuar sobre la petición del Comité de la ONU contra la Tortura respecto a que Nicaragua revise su prohibición total del aborto con vistas a incluir excepciones.
Tras examinar la situación en Nicaragua frente a las obligaciones contraídas por el Estado en virtud de la Convención contra la Tortura, el Comité ha concluido que el Estado Parte debe revisar su marco jurídico respecto al aborto. El Comité experto ha señalado que la prohibición total es causa de profunda preocupación, ya que expone a mujeres y niñas a una amenaza constante de violaciones graves de sus derechos, especialmente cuando la continuación del embarazo supone una amenaza para su vida, o cuando el embarazo es consecuencia de una violación.
“El Comité ha enviado un mensaje claro al Estado nicaragüense: mientras esté en vigor la prohibición total, sin excepciones, estarán incumpliendo su obligación legal internacional de proteger los derechos humanos”, ha manifestado Widney Brown, directora general de Derecho Internacional y Política de Amnistía Internacional. “Si se mantiene esta prohibición total, las mujeres y las niñas seguirán corriendo peligro de tortura y trato cruel, inhumano o degradante. Una inacción semejante sería muestra de una cruel indiferencia hacia el dolor físico, la angustia psicológica y la ausencia de dignidad humana que esta ley condena a sufrir a mujeres y niñas nicaragüenses al negarles y frustrar su acceso a tratamiento médico esencial durante el embarazo.”
El derecho penal establece penas de prisión para los médicos que practiquen un aborto y las mujeres o niñas que se sometan a él, independientemente de las circunstancias, como por ejemplo si la vida o la salud de la mujer embarazada corre peligro en caso de seguir adelante el embarazo.
“Tal como ha señalado el Comité, los médicos, en un momento en el que tienen que tomar decisiones vitales, se ven obligados a violar su ética profesional, hacer caso omiso de las buenas prácticas y los protocolos, y poner en peligro la vida y la salud de su paciente”, ha declarado Widney Brown. “Además, las víctimas de violación que quedan embarazadas a consecuencia de ese delito se enfrentan en Nicaragua a una elección desmesurada: continuar con el embarazo hasta el final, independientemente del peligro que suponga para su vida, su salud o su bienestar, o buscar un aborto clandestino poco seguro que pone en peligro su vida y su salud y las puede enviar a la cárcel. En un país en el que los índices de abuso sexual son elevados, y en el que al menos el 50 por ciento de las víctimas de violación son niñas de hasta 18 años, esta situación resulta especialmente atroz.”
La prohibición total afecta gravemente a la capacidad de los médicos de responder de forma rápida y decidida a las complicaciones que sufren mujeres y niñas durante el embarazo. La ley niega a las mujeres embarazadas la atención médica que necesitan y que, en algunos casos, salvaría su vida.
El Comité de la ONU contra la Tortura es el cuarto órgano de vigilancia de los tratados de la ONU que pide al gobierno de Nicaragua que derogue la prohibición total del aborto en todas las circunstancias porque esa prohibición viola los derechos de mujeres y niñas. El Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ya han subrayado al gobierno nicaragüense que esta ley incumple las obligaciones legales internacionales contraídas por el Estado y pone en peligro la vida y la salud de mujeres y niñas.
Amnistía Internacional considera que la prohibición total del aborto en Nicaragua –incluso en casos en los que la continuación del embarazo supone una amenaza para la vida de la madre, o cuando el embarazo es consecuencia de una violación– constituye una violación de los derechos humanos de mujeres y niñas, incluido el derecho a no sufrir tortura o trato cruel, inhumano o degradante.
La organización pide a las autoridades nicaragüenses que deroguen la prohibición total del aborto y garanticen que no se prohíbe a los médicos proporcionar el tratamiento médicamente indicado a las mujeres y las niñas que lo necesitan.
Información complementaria
Cuando se restringe el acceso de las mujeres a la información y los servicios de un aborto legal y seguro, sus derechos humanos fundamentales pueden correr grave peligro. Por ello, Amnistía Internacional pide a los Estados que tomen las siguientes medidas para prevenir los abusos graves contra los derechos humanos de las mujeres y ponerles fin, de acuerdo con las obligaciones contraídas por el Estado en virtud de las normas internacionales de derechos humanos:
a) Derogar todas las leyes que permiten el encarcelamiento o la imposición de otras sanciones penales a mujeres por pedir un aborto o someterse a él, y todas las leyes que establecen el encarcelamiento u otras sanciones penales a quienes se limitan a proporcionar información sobre el aborto o a practicar abortos.
b) Proporcionar acceso a servicios médicos por las complicaciones derivadas del aborto a todas las mujeres que lo necesiten, en todas las circunstancias, independientemente de la situación legal del aborto.
c) Tomar todas las medidas necesarias para garantizar que se dispone de servicios de aborto legal y seguro accesibles, aceptables y de buena calidad para todas las mujeres que los necesiten en casos de embarazo no deseado a consecuencia de violación, agresión sexual o incesto y en todos los casos de embarazo que ponga en peligro la vida o en grave peligro la salud de la mujer. Amnistía Internacional no adopta postura alguna respecto a los demás aspectos del aborto.
El Comité de la ONU contra la Tortura es el órgano experto establecido por la Convención de la ONU contra la Tortura para vigilar el cumplimiento de este tratado por parte de los Estados. Se compone de 10 miembros independientes e imparciales elegidos por los Estados Partes en el tratado. Los gobiernos deben presentar informes periódicos al Comité, quien, a su vez, formula recomendaciones para mejorar el cumplimiento del tratado por parte del Estado en cuestión.
Amnistía Internacional presentó al Comité contra la Tortura un informe sobre la negación del acceso a servicios médicos esenciales por medio de una legislación que impone una prohibición absoluta a la prestación de servicios de aborto y que penaliza el aborto en Nicaragua. Además, la organización asistió a las vistas del Comité, celebradas en Ginebra el 31 de abril y el 1 de mayo. En esas sesiones, Amnistía Internacional también proporcionó al Comité información sobre la aplicación de la Convención contra la Tortura por parte de Israel.
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Pronunciamiento de la Internacional Socialista
Reunión del Consejo de la Internacional Socialista
Santo Domingo, República Dominicana, 23-24 de noviembre del 2009
Santo Domingo, República Dominicana, 23-24 de noviembre del 2009
PROYECTO DE RESOLUCIÓNA SEGURANDO LA DEMOCRACIA Y REAFIRMANDO LOS DERECHOS DE LA GENTE
Sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres
Haciendo referencia a la carta ética de la Internacional Socialista, que nos llama a garantizar el respeto de los derechos humanos y a garantizar el cumplimiento de acuerdos internacionales, así como a la declaración del centenario de la ISM adoptada en Sttutgart en el año 2007, en donde se reconoce como reto el acceso a la asistencia sanitaria y al aborto seguro, vemos con extrañeza, que partidos progresistas de América Latina integrantes de la Internacional Socialista no se hayan comprometido con la firmeza requerida para frenar los cambios legislativos que atentan contra dichos derechos.
Saludamos la resolución de Emergencia de la Internacional Socialista de Mujeres que urge a todas las organizaciones progresistas del mundo a sumarse a la lucha contra prácticas que restringen los derechos de decisión de las mujeres:
• La Internacional Socialista reafirma su convicción en la defensa de los derechos humanos de las mujeres y hace un llamado a sus Partidos integrantes a comprometerse irrestrictamente con ellos, incluido el derecho a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas, así como a impulsar políticas que aseguran su libertad, su integridad, su salud y a todos los servicios de anticoncepción.
• La IS reprueba la creación o modificación de leyes que obliguen a las mujeres a continuar un embarazo producto de una violación o que pone en riesgo su vida y su salud. Así mismo repudia que mujeres pobres latinoamericanas estén hoy en la cárcel por interrumpir un embarazo no deseado y también rechaza enérgicamente la criminalización de mujeres por defender los derechos humanos de otras mujeres.
• La Internacional Socialista hace un llamamiento a quienes han participado de estas reformas contrarias a la justicia social a que modifiquen su postura y realicen los cambios que permitan cumplir con nuestros principios políticos y éticos.
Aborto terapéutico a debate en la CSJ - 9 de enero 2007
Anne Pérez Rivera
nacionales@laprensa.com.ni
La figura del aborto terapéutico estaba contemplada en el artículo 165 del Código Penal vigente, sin embargo, luego de presiones de los grupos religiosos del país, los diputados ante la Asamblea Nacional eliminaron dicho artículo en octubre pasado.
La resolución fue ratificada por el presidente Enrique Bolaños en noviembre, cuando mandó a publicar La Gaceta 224, la cual contenía la Ley 603 que deroga el aborto terapéutico de las leyes nicaragüenses.
El recurso por inconstitucionalidad fue presentado por considerar que la Ley 603 “violenta principios y derechos fundamentales del ordenamiento-jurídico constitucional”, dice parte del texto del recurso contra la mencionada ley.
El recurso está dirigido contra Eduardo Gómez López, presidente de la Asamblea Nacional y contra el presidente Enrique Bolaños, por aprobar y promulgar dicha ley.
Bayardo Izabá, representante del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, aseguró que la eliminación del aborto terapéutico vulnera una veintena de derechos establecidos en las leyes nicaragüenses, por eso esperan una resolución favorable a la petición de los organismos.
La CSJ tiene un plazo máximo de cuatro meses para pronunciarse, mientras tanto grupos de mujeres feministas ya llevan más de cien mil firmas a favor del aborto terapéutico y continúan la recolección.
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nacionales@laprensa.com.ni
En medio de consignas a favor de la vida de las mujeres un grupo de representantes de la sociedad civil entregó ayer a la secretaría de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso por inconstitucionalidad ante la eliminación del aborto terapéutico.
“No podemos enseñar a los estudiantes de medicina a matar a las mujeres que necesitan un aborto terapéutico, por el contrario, les debemos enseñar el respeto a la vida y a los derechos de las mujeres”, dijo Matilde Jirón, docente de la Facultad de Medicina de la UNAN-Managua y una de las firmantes del recurso por inconstitucionalidad ante la eliminación del aborto terapéutico.
El documento, firmado por más de sesenta representantes de organismos civiles, fue entregado al secretario de la CSJ, Enrique Molina.
La figura del aborto terapéutico estaba contemplada en el artículo 165 del Código Penal vigente, sin embargo, luego de presiones de los grupos religiosos del país, los diputados ante la Asamblea Nacional eliminaron dicho artículo en octubre pasado.La resolución fue ratificada por el presidente Enrique Bolaños en noviembre, cuando mandó a publicar La Gaceta 224, la cual contenía la Ley 603 que deroga el aborto terapéutico de las leyes nicaragüenses.
El recurso por inconstitucionalidad fue presentado por considerar que la Ley 603 “violenta principios y derechos fundamentales del ordenamiento-jurídico constitucional”, dice parte del texto del recurso contra la mencionada ley.
El recurso está dirigido contra Eduardo Gómez López, presidente de la Asamblea Nacional y contra el presidente Enrique Bolaños, por aprobar y promulgar dicha ley.
Bayardo Izabá, representante del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, aseguró que la eliminación del aborto terapéutico vulnera una veintena de derechos establecidos en las leyes nicaragüenses, por eso esperan una resolución favorable a la petición de los organismos.
La CSJ tiene un plazo máximo de cuatro meses para pronunciarse, mientras tanto grupos de mujeres feministas ya llevan más de cien mil firmas a favor del aborto terapéutico y continúan la recolección.
Un poco de Historia
El 26 de Octubre del 2006, la Asamblea Nacional aprueba la Ley 603, la cual deroga el Art. 165 del Código Penal. Este artículo permitía la interrupción del embarazo para salvar la vida de la mujer. Así, Nicaragua pasa a ser uno de los 3 países únicos en el mundo que tienen penalizado el Aborto con fines terapéuticos.
El Aborto Terapéutico según la sociedad de Gineco- Obstetricia de Nicaragua se define de la siguiente manera: “La interrupción del embarazo antes de las 20 semanas por indicación médica debido a patologías maternas que son agravadas por el embarazo, por patologías maternas que repercuten negativamente sobre el crecimiento y desarrollo fetal y comprometen la vida del binomio madre-hijo".
Las condiciones planteadas para recurrir a un aborto terapéutico son las siguientes:
1. Que la vida de la paciente o el feto se encuentren en peligro por una enfermedad causada o agravada por el embarazo.
2. Que no exista otra terapia para la paciente o que si existe haya fracasado.
3. Que se tenga la seguridad de que mediante el aborto se evitará un agravamiento y se logrará una mejoría o curación de la paciente.
Después de la penalización del Aborto Terapéutico en Nicaragua, según un estudio realizado por IPAS Centro América, han muerto 115 mujeres de todo el país por razones relacionadas al embarazo. 87 de ellas eran madres y dejaron en orfandad a 305 niños y niñas.
De estas muertes maternas, el 59% fueron por causas obstétricas directas, lo que significa que su muerte estaba directamente relacionada con su embarazo.
El 66% de los casos de muertes directas son de mujeres que presentaron eclampsia. Una enfermedad producida por la retención de líquidos, que está dentro del rango de emergencias médicas. Se conoce claramente que el único tratamiento para la eclampsia consiste en la interrupción del embarazo.
El principal argumento que utilizan los sectores fundamentalistas para justificar la derogación del Aborto Terapéutico es que realmente no existe el aborto por necesidad y que el término “terapéutico” es sólo una excusa para realizar abortos como un método de planificación familiar. Este discurso lo sustentan alegando que son muy pocos los casos en que se necesita interrumpir los embarazos por causa médicas porque "la ciencia está muy avanzada". En realidad existen más de 300 enfermedades que de presentarse durante el embarazo, convierten a la mujer en candidata a un Aborto Terapéutico.
En el 2007 en Nicaragua, se diagnosticaron también 30 muertes maternas clasificadas cómo obstétricas indirectas. 12 de estas muertes maternas están relacionadas directamente con enfermedades previas y agravadas por el embarazo (como cáncer o VIH).Tener la opción de un Aborto Terapéutico, habría dado a estas mujeres la oportunidad de mejorar o recuperar su salud y conservar su vida.
Es importante mencionar que desde la penalización de Aborto Terapéutico han incrementado las muertes maternas no obstétricas, que componen 14 % del total. De estas los suicidios representan un 63%, de las cuales un 80% eran mujeres jóvenes y un 88% utilizaron un plaguicida o insecticidas para quitarse la vida. Vale la pena preguntarse: ¿Realmente querían morir o si buscaban interrumpir el embarazo?
Las repercusiones de la penalización del Aborto Terapéutico son innegables. Ha puesto en riesgo las vidas de las mujeres y ha interferido en que se garantice un tratamiento de calidad, de acuerdo al juicio clínico y libertad prescriptiva de los médicos.
LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO TERAPÉUTICO NO ES UN CAPRICHO, ES UNA LUCHA A LA QUE DEBEMOS SUMARNOS PARA QUE SE RESPETE EL DERECHO A LA VIDA DE LAS MUJERES.
El pasado 9 de julio del 2008 entró en vigencia el nuevo Código Penal de Nicaragua. La Ley 641, en el artículo 143 estipula que toda mujer que consienta practicarse un aborto reciba una penalización de 1 a 3 años de prisión. El médico que lo practique recibe de 2 a 5 años de inhabilitación médica. Este nuevo Código Penal, no estipula la eximente del Aborto Terapéutico para salvar la vida de las mujeres que tengan un embarazo de riesgo.
El martes 15 de Julio del mismo año el Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico interpuso un Recurso por Inconstitucionalidad Parcial contra la Ley 641 que penaliza el Aborto Terapéutico. El Recurso por Inconstitucionalidad considera que dicha ley violentan "Principios fundamentales y disposiciones del ordenamiento-jurídico constitucional, Normativas internacionales de Derechos Humanos y Derechos Constitucionales. Los derechos violentados son:1.El derecho a la vida (art. 23)2.El derecho a la integridad y a no ser sometidas a tratos crueles e inhumanos (art. 36)3.A la salud de las mujeres (arts. 59 y 105) 4.El derecho al desarrollo humano (art. 4); 5.A la dignidad de las personas (art. 5 y 116); libertad individual (art. 5 y 25 inciso)6.A la igualdad y a estar libre de discriminaciones (arts., 27, 48 y 50) 7.A la libertad religiosa, de conciencia y de pensamiento (arts. 29 y 30) 8.El derecho al libre ejercicio de la profesión (art.86). 9. El principio constitucional del Estado laico (art. 14), el derecho de las personas a ser protegidas por el Estado y a que sus derechos sean reconocidos (art. 46) y el derecho a una información veraz (art. 64)".
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El Aborto Terapéutico según la sociedad de Gineco- Obstetricia de Nicaragua se define de la siguiente manera: “La interrupción del embarazo antes de las 20 semanas por indicación médica debido a patologías maternas que son agravadas por el embarazo, por patologías maternas que repercuten negativamente sobre el crecimiento y desarrollo fetal y comprometen la vida del binomio madre-hijo".
Las condiciones planteadas para recurrir a un aborto terapéutico son las siguientes:
1. Que la vida de la paciente o el feto se encuentren en peligro por una enfermedad causada o agravada por el embarazo.
2. Que no exista otra terapia para la paciente o que si existe haya fracasado.
3. Que se tenga la seguridad de que mediante el aborto se evitará un agravamiento y se logrará una mejoría o curación de la paciente.
Después de la penalización del Aborto Terapéutico en Nicaragua, según un estudio realizado por IPAS Centro América, han muerto 115 mujeres de todo el país por razones relacionadas al embarazo. 87 de ellas eran madres y dejaron en orfandad a 305 niños y niñas.
De estas muertes maternas, el 59% fueron por causas obstétricas directas, lo que significa que su muerte estaba directamente relacionada con su embarazo.
El 66% de los casos de muertes directas son de mujeres que presentaron eclampsia. Una enfermedad producida por la retención de líquidos, que está dentro del rango de emergencias médicas. Se conoce claramente que el único tratamiento para la eclampsia consiste en la interrupción del embarazo.
El principal argumento que utilizan los sectores fundamentalistas para justificar la derogación del Aborto Terapéutico es que realmente no existe el aborto por necesidad y que el término “terapéutico” es sólo una excusa para realizar abortos como un método de planificación familiar. Este discurso lo sustentan alegando que son muy pocos los casos en que se necesita interrumpir los embarazos por causa médicas porque "la ciencia está muy avanzada". En realidad existen más de 300 enfermedades que de presentarse durante el embarazo, convierten a la mujer en candidata a un Aborto Terapéutico.
En el 2007 en Nicaragua, se diagnosticaron también 30 muertes maternas clasificadas cómo obstétricas indirectas. 12 de estas muertes maternas están relacionadas directamente con enfermedades previas y agravadas por el embarazo (como cáncer o VIH).Tener la opción de un Aborto Terapéutico, habría dado a estas mujeres la oportunidad de mejorar o recuperar su salud y conservar su vida.
Es importante mencionar que desde la penalización de Aborto Terapéutico han incrementado las muertes maternas no obstétricas, que componen 14 % del total. De estas los suicidios representan un 63%, de las cuales un 80% eran mujeres jóvenes y un 88% utilizaron un plaguicida o insecticidas para quitarse la vida. Vale la pena preguntarse: ¿Realmente querían morir o si buscaban interrumpir el embarazo?
Las repercusiones de la penalización del Aborto Terapéutico son innegables. Ha puesto en riesgo las vidas de las mujeres y ha interferido en que se garantice un tratamiento de calidad, de acuerdo al juicio clínico y libertad prescriptiva de los médicos.
LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO TERAPÉUTICO NO ES UN CAPRICHO, ES UNA LUCHA A LA QUE DEBEMOS SUMARNOS PARA QUE SE RESPETE EL DERECHO A LA VIDA DE LAS MUJERES.
El pasado 9 de julio del 2008 entró en vigencia el nuevo Código Penal de Nicaragua. La Ley 641, en el artículo 143 estipula que toda mujer que consienta practicarse un aborto reciba una penalización de 1 a 3 años de prisión. El médico que lo practique recibe de 2 a 5 años de inhabilitación médica. Este nuevo Código Penal, no estipula la eximente del Aborto Terapéutico para salvar la vida de las mujeres que tengan un embarazo de riesgo.
El martes 15 de Julio del mismo año el Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico interpuso un Recurso por Inconstitucionalidad Parcial contra la Ley 641 que penaliza el Aborto Terapéutico. El Recurso por Inconstitucionalidad considera que dicha ley violentan "Principios fundamentales y disposiciones del ordenamiento-jurídico constitucional, Normativas internacionales de Derechos Humanos y Derechos Constitucionales. Los derechos violentados son:1.El derecho a la vida (art. 23)2.El derecho a la integridad y a no ser sometidas a tratos crueles e inhumanos (art. 36)3.A la salud de las mujeres (arts. 59 y 105) 4.El derecho al desarrollo humano (art. 4); 5.A la dignidad de las personas (art. 5 y 116); libertad individual (art. 5 y 25 inciso)6.A la igualdad y a estar libre de discriminaciones (arts., 27, 48 y 50) 7.A la libertad religiosa, de conciencia y de pensamiento (arts. 29 y 30) 8.El derecho al libre ejercicio de la profesión (art.86). 9. El principio constitucional del Estado laico (art. 14), el derecho de las personas a ser protegidas por el Estado y a que sus derechos sean reconocidos (art. 46) y el derecho a una información veraz (art. 64)".
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18 feb 2010
¿Por qué es Inconstitucional el Aborto Terapéutico?
¿Por qué la negación del Aborto Terapéutico viola la Constitución de la República y los Derechos Humanos de mujeres, niñas, adolescentes y jóvenes nicaragüenses?
Se entiende como aborto terapéutico el que se practica para salvar la vida o preservar la salud, de la mujer embarazada, antes de las 20 semanas de embarazo (aproximadamente 4 meses). La prohibición legal de este procedimiento médico, es considerado inconstitucional en Nicaragua por dos razones principales:
(i) porque desobedece el principio constitucional de proteger el
derecho a la vida de las personas.
(ii) porque Nicaragua debe cumplir con los tratados internacionales sobre Derechos Humanos que ha firmado, compromisos que se expresan en la Constitución y a través de las Leyes del país. Faltar a esos compromisos es una violación a la Constitución.
La discusión sobre el aborto terapéutico ha sido motivo de debate entre quienes se oponen radicalmente a esa práctica -sin analizar las causas médicas, sociales y sus consecuencias-, basándose en argumentos religiosos y entre quienes promueven que se legalice, brindando argumentos basados en evidencia científica y los derechos de las mujeres protegidos en la Constitución del país.
Mientras se desarrolla la polémica y la prohibición siga vigente, la población que está sufriendo los efectos, son las mujeres y familias más pobres de Nicaragua. Existen evidencias de la muerte de mujeres embarazadas que presentaron problemas de salud y que pudieron haber sobrevivido con la intervención de un aborto terapéutico. Estas mujeres dejaron en la orfandad a decenas de niños/as. A través de este documento presentamos los argumentos que explican por qué la prohibición del aborto terapéutico en Nicaragua es inconstitucional y violatoria de los Derechos Humanos. Esperamos que esta información contribuya a aclarar sus interrogantes sobre el tema y fomentar un debate informado sobre las repercusiones de esta prohibición en la vida y la salud de las mujeres nicaragüenses.
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El acceso al Aborto Terapéutico en Nicaragua
"El debate público sobre el aborto terapéutico que acompañó el proceso de reforma del código penal fue confuso y polarizado. Mucha de la información médica y legal publicada sobre el tema fue errónea o manipulada con fines políticos, generando así contradicciones y desinformación sobre un tema de gran importancia para las mujeres."
Se puede descargar el documento "El acceso al Aborto Terapéutico en Nicaragua", publicado por IPAS Centroamérica en el 2003,aqui.
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Se puede descargar el documento "El acceso al Aborto Terapéutico en Nicaragua", publicado por IPAS Centroamérica en el 2003,aqui.La ética médica y el aborto en Nicaragua
Dr. Leonel Argüello Yrigoyen*
La ética médica o biomédica tiene cuatro principios: el respeto por las personas, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. El primero, conocido también como autonomía, se basa en reconocer el derecho y la capacidad individual de la mujer de estar informada y tomar decisiones responsables sobre continuar o interrumpir su embarazo.
Nuestra obligación como médico/a es brindar la información científica más actualizada basada en evidencia médica y no en creencias religiosas, políticas o sociales, para que la paciente pueda tomar una decisión que compete a su vida y su salud, así como señalar claramente los riesgos y las diferentes alternativas para disminuir o eliminarlos, como es el caso del aborto terapéutico, cuya finalidad es salvar la vida y la salud de la mujer embarazada.
Cabe destacar también que si los médicos no queremos practicarlo por opción propia, debemos referir a la paciente a un colega que tenga la experiencia y condiciones adecuadas para hacer la intervención con el menor riesgo posible.
El principio de la beneficencia, pretende tratar de hacer lo mejor, de brindar la mayor ayuda posible a la paciente. Por ejemplo, la educación sexual, el acceso a anticonceptivos y contar con servicios de salud accesibles, seguros y de calidad para atender a las mujeres embarazadas con riesgo, siendo estos tres elementos los que han demostrado a nivel internacional que disminuyen la cantidad de abortos inseguros. Nunca la eliminación del aborto terapéutico ha disminuido los abortos inducidos o provocados, al contrario, aumentan los mismos en condiciones inseguras y por ende, las complicaciones y muertes maternas.
El principio de la no maleficencia es intentar no hacer daño o hacer el menor daño posible a la paciente. Al no poder realizar un aborto terapéutico cuando éste está indicado médicamente, estoy violando el principio de no maleficencia, pues no actúo con base en mis conocimientos médicos, por tanto, la Ley 603, que elimina el aborto terapéutico en Nicaragua, me obliga a violar un principio bioético y además promueve el aborto en condiciones inseguras y aumenta la mortalidad materna, tal y como está ampliamente demostrado en el mundo entero. Igualmente el poner barreras burocráticas para impedir la atención es maleficencia.
El cuarto principio, la justicia, significa que tenemos que estar claros de que en nuestra sociedad las mujeres de menores recursos económicos son las que tienen los mayores riesgos, las mayores penas legales y las que sufrirán más con la Ley No. 603, pues solamente tendrán acceso a abortos inseguros, que aumentarán las complicaciones y muertes. Es conocido internacionalmente que las mujeres con mayores recursos económicos pueden realizarse abortos en condiciones seguras. Una vez más estamos aumentando la inequidad y además castigando al sexo femenino, reduciéndole su dignidad, pues se le trata como objeto y no como lo que es, uno de los sujetos primordiales de la sociedad nicaragüense. Este principio también contempla que yo tengo que brindar el mismo servicio de calidad si lo realizo en un hospital público como en un privado, tratar de igual manera a la mujer embarazada independientemente de su nivel socioeconómico y cultural.
Los médicos y las médicas no podemos ser parte de esa cadena de injusticias contra la mujer, las adolescentes y las niñas embarazadas, a las que se les niega el acceso a una interrupción del embarazo en condiciones de seguridad, orillándolas a que puedan ser dañarlas física y psicológicamente, e inclusive hasta a perder su vida. Así como no estamos de acuerdo en que ocurra lo anterior, tampoco lo estamos en que se viole el derecho a ejercer la profesión médica de manera científica ni a que nos obliguen a violar nuestros principios bioéticos.
Nicaragua, es hora de reflexionar, no podemos violentar el derecho humano ni obligar a que la mujer embarazada muera porque la Ley 603 así lo indique. Magistrados/as de la Corte Suprema de Justicia, hagan honor a sus cargos y que los principios de la justicia y la beneficencia prevalezcan.
*Médico epidemiólogo
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15 feb 2010
¿Cuándo es Necesario un Aborto Terapéutico?
El Aborto Terapéutico se indica cuándo:
1.- La mujer presenta una enfermedad que puede agravarse con el embarazo, incluso hasta poner en riesgo la vida de ella y de el embrión.
2.- La salud de la mujer está empeorando con el embarazo.
La lista de emfermedades que pueden comprometer la vida y la salud de una mujer durante un embarazo es muy amplia, como por ejemplo podemos mencionar las siguientes:
- Cáncer de mamas, cáncer cérvico uterino u otro tipo de cáncer en evolución
- Diabetes y leucemia
- Tuberculosis
- Rubéola
Enfermedades renales severas- Enfermedades inmunológicas, como el lupus y el VIH
3.- Otra indicación médica para interrrumpir el embarazo es cuando el producto o el feto trae malformaciones incompatibles con la vida.
4.- Cuando el embarazo es producto de una violación.
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4.- Cuando el embarazo es producto de una violación.
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