La ética médica o biomédica tiene cuatro principios: el respeto por las personas, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. El primero, conocido también como autonomía, se basa en reconocer el derecho y la capacidad individual de la mujer de estar informada y tomar decisiones responsables sobre continuar o interrumpir su embarazo.
Nuestra obligación como médico/a es brindar la información científica más actualizada basada en evidencia médica y no en creencias religiosas, políticas o sociales, para que la paciente pueda tomar una decisión que compete a su vida y su salud, así como señalar claramente los riesgos y las diferentes alternativas para disminuir o eliminarlos, como es el caso del aborto terapéutico, cuya finalidad es salvar la vida y la salud de la mujer embarazada.
Cabe destacar también que si los médicos no queremos practicarlo por opción propia, debemos referir a la paciente a un colega que tenga la experiencia y condiciones adecuadas para hacer la intervención con el menor riesgo posible.
El principio de la beneficencia, pretende tratar de hacer lo mejor, de brindar la mayor ayuda posible a la paciente. Por ejemplo, la educación sexual, el acceso a anticonceptivos y contar con servicios de salud accesibles, seguros y de calidad para atender a las mujeres embarazadas con riesgo, siendo estos tres elementos los que han demostrado a nivel internacional que disminuyen la cantidad de abortos inseguros. Nunca la eliminación del aborto terapéutico ha disminuido los abortos inducidos o provocados, al contrario, aumentan los mismos en condiciones inseguras y por ende, las complicaciones y muertes maternas.
El principio de la no maleficencia es intentar no hacer daño o hacer el menor daño posible a la paciente. Al no poder realizar un aborto terapéutico cuando éste está indicado médicamente, estoy violando el principio de no maleficencia, pues no actúo con base en mis conocimientos médicos, por tanto, la Ley 603, que elimina el aborto terapéutico en Nicaragua, me obliga a violar un principio bioético y además promueve el aborto en condiciones inseguras y aumenta la mortalidad materna, tal y como está ampliamente demostrado en el mundo entero. Igualmente el poner barreras burocráticas para impedir la atención es maleficencia.
El cuarto principio, la justicia, significa que tenemos que estar claros de que en nuestra sociedad las mujeres de menores recursos económicos son las que tienen los mayores riesgos, las mayores penas legales y las que sufrirán más con la Ley No. 603, pues solamente tendrán acceso a abortos inseguros, que aumentarán las complicaciones y muertes. Es conocido internacionalmente que las mujeres con mayores recursos económicos pueden realizarse abortos en condiciones seguras. Una vez más estamos aumentando la inequidad y además castigando al sexo femenino, reduciéndole su dignidad, pues se le trata como objeto y no como lo que es, uno de los sujetos primordiales de la sociedad nicaragüense. Este principio también contempla que yo tengo que brindar el mismo servicio de calidad si lo realizo en un hospital público como en un privado, tratar de igual manera a la mujer embarazada independientemente de su nivel socioeconómico y cultural.
Los médicos y las médicas no podemos ser parte de esa cadena de injusticias contra la mujer, las adolescentes y las niñas embarazadas, a las que se les niega el acceso a una interrupción del embarazo en condiciones de seguridad, orillándolas a que puedan ser dañarlas física y psicológicamente, e inclusive hasta a perder su vida. Así como no estamos de acuerdo en que ocurra lo anterior, tampoco lo estamos en que se viole el derecho a ejercer la profesión médica de manera científica ni a que nos obliguen a violar nuestros principios bioéticos.
Nicaragua, es hora de reflexionar, no podemos violentar el derecho humano ni obligar a que la mujer embarazada muera porque la Ley 603 así lo indique. Magistrados/as de la Corte Suprema de Justicia, hagan honor a sus cargos y que los principios de la justicia y la beneficencia prevalezcan.
*Médico epidemiólogo
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