CIDH que exija al gobierno nicaragüense adoptar medidas cautelares

Organizaciones parte del Grupo estratégico por la Despenalización del Aborto terapéutico de NICARAGUA como el Centro Nicaraguense de Derechos Humanos, la Sociedad de Ginecologia y Obstetricia, Asociacion para la Nueva Familia, ANFAN, además de otras organizaciones internacionales como Women’s Link Worldwide de Colombia, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Cejil, IPAS Centro America, la víctima y su hermana, solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH que requiera al Estado de Nicaragua la adopción de medidas cautelares urgentes para proteger la vida de mujer nicaragüense de 27 años de edad a quien el sistema de salud le negó el aborto terapéutico que ella necesita para recibir el tratamiento de quimioterapia y radioterapia que es vital para combatir un cáncer.

El caso

El caso se registra en la ciudad de León, departamento de León, donde la mujer a quien llamamos “ Amalia”, para proteger su identidad, embarazada y madre de una niña de 10 años, le diagnosticaron cáncer con una posible metástasis en cerebro, pulmón y mama.

Aunque los médicos tratantes concluyeron que la paciente necesitaba interrumpir el embarazo para comenzar con el tratamiento de radioterapia y quimioterapia para combatir la enfermedad, la joven permanece en el hospital desde el 2 de Febrero del corriente año sin que se le haya practicado el aborto terapéutico y, por lo tanto, sin recibir ningún tipo de tratamiento para detener el cáncer.

Bajo estas circunstancias, “Amalia “, está en peligro inminente de perder la vida, ante la incapacidad de acceder a la interrupción de su embarazo; de acuerdo a la legislación vigente en Nicaragua, el estado de embarazo prima sobre el derecho a la integridad y a la vida de la mujer y en este caso además, quedaría en situación de orfandad su hija menor de edad.

El aborto en Nicaragua

Desde 1870, el aborto terapéutico era un derecho de las mujeres en Nicaragua cuando su vida o su salud corrían riesgo. El gobierno del presidente Enrique Bolaños determinó, a partir del 17 de noviembre de 2006, penalizar la práctica del aborto terapéutico bajo cualquier circunstancia.

Desde entonces, la mortalidad de mujeres por practicarse abortos inseguros y por causas relacionadas con enfermedades previas al embarazo o agravadas por el mismo, se ha incrementado notoriamente.

Diferentes organismos de derechos humanos y organizaciones civiles han hecho recomendaciones específicas al Estado de Nicaragua para que modifique la legislación y proteja los derechos humanos de sus mujeres. Entre otras, se destacan las observaciones del Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer – CEDAW, del Comité de Derechos Humanos –CDH, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –CDESC, y del Comité contra la Tortura –CAT, así como informes contundentes de Human Rights Watch y Amnistía Internacional.

Las organizaciones que radicaron hoy jueves 18 de febrero la solicitud de medidas cautelares urgentes para “Amalia”ante la CIDH, esperan que en los próximos días la Comisión se pronuncie para exigir al Estado Nicaragüense que tome medidas urgentes que permitan salvar la vida de esta mujer.