En un informe emitido hoy por AI desde su sede en Londres, esta organización pro derechos humanos insta a las autoridades nicaragüenses a tomar medidas legales para que esa mujer, de 27 años y embarazada de diez semanas, pueda someterse a las sesiones de quimioterapia y radioterapia que necesita de forma inmediata.
La legislación del país centroamericano prohíbe al personal médico tratar a esa paciente porque está embarazada y fue diagnosticada el pasado 2 de febrero con un cáncer que podría haberse extendido ya al cerebro, pulmones y pechos.
Esta negativa se debe al temor que impera en el colectivo médico a enfrentarse a la ley en caso de que el tratamiento contra el cáncer pudiera afectar al feto.
"Es asombroso que Nicaragua niegue a una paciente de cáncer un tratamiento que potencialmente podría salvarle la vida porque está embarazada", denuncia Esther Major, representante de AI en América Central en la mencionada nota.
La situación de esta mujer pone en evidencia "el impacto de esta ley" y demuestra la "necesidad urgente" de revocar esta prohibición "draconiana", señala Major.
"La ley sobre los abortos terapéuticos de Nicaragua es un escándalo que ridiculiza la ciencia médica y convierte esta ley en un arma contra la provisión de cuidado médico básico a mujeres embarazadas y niñas", advirtió Major.
En el año 2006, antes de que la introducción de dicha normativa, las asociaciones médicas nicaragüenses emitieron un comunicado conjunto contra la propuesta de establecer una prohibición total sobre el aborto.
En esa nota, el colectivo médico advertía de las limitaciones que esa ley impondría en el ejercicio médico.
El pasado 18 de febrero, organizaciones no gubernamentales y la mayor asociación ginecológica de ese país pidieron a la comisión interamericana sobre derechos humanos que solicitara "medidas especiales" para que el Gobierno nicaragüense protegiera a esa paciente y se asegurara de que obtuviera un tratamiento inmediato que podría salvarle o prolongarle la vida.
AI insiste en que la prohibición total del aborto es "ilegal" y lamenta que el Gobierno nicaragüense haya ignorado también las peticiones hechas por organismos dependientes de la ONU para revocar esta legislación.
"Amnistía Internacional está consternada ante las negativas del gobierno a responder a los llamamientos para cambiar esta ley cruel", añadió la organización pro derechos humanos.EFE
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